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La Fiscalía colombiana legalizó la detención de siete militares investigados por la presunta violación de una niña indígena de 13 años en Risaralda, uno de los departamentos en los que se divide Colombia.
El fiscal Francisco Barbosa dijo que se les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Seis de ellos quedaron en calidad de autores y a otro como cómplice.
El órgano persecutor pidió, además, que sean enviados a prisión común y no en instalaciones militares y aseguró que los soldados, pertenecientes al batallón San Mateo, aceptaron los cargos.
Los hechos habrían ocurrido la tarde del 22 de junio en la localidad de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, cuando el grupo de militares habría cometido un abuso sexual contra una niña indígena perteneciente al resguardo indígena Embera Chamí, según señalan desde el Ejército.
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El hecho ha desatado el repudio de autoridades civiles, indígenas y militares. “Vamos a enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia”, sostuvo el presidente de Colombia, Iván Duque.
El Defensor del Pueblo (órgano autónomo que debe velar por el respeto de los DD.HH.), Carlos Negret, dijo que “le duele a uno el alma, porque uno no se imagina que un ciudadano colombiano sea capaz de vulnerar los derechos de una niña de 13 años”.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo calificó este presunto abuso sexual “de la mayor gravedad” y pidió una investigación urgente a la Fiscalía y al Ejército para esclarecer lo ocurrido. “Los responsables merecen una sanción severa”, puntualizó el jefe de la cartera de Defensa.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de velar por el respeto a los derechos de los niños, está al frente del apoyo a la familia de la menor y exigió acciones inmediatas para llevar a los responsables ante la justicia.
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