(CNN) – El ministro de Comunicación e Información Freddy Ñáñez informó que llevará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular las redes sociales.
Se trata de la última apuesta del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro por establecer un marco legal más restrictivo a un espacio que, por su naturaleza, escapa del férreo control gubernamental. En todo caso, el diputado oficialista Juan Carlos Alemán aseguró que entre las propuestas está incorporar el tema a la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión.
La propuesta surgió días después de la muerte por COVID-19 de Dave Capella, presentador de la televisora Venevisión, la más importante del país, y el impacto que tuvo en las redes sociales.
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Mientras Capella estaba hospitalizado, su familia organizó una colecta de dinero para costear los gastos del tratamiento. Pero dos comediantes venezolanos, Jean Mary Curro y Alex Goncalves, desataron el domingo una intensa controversia en redes sociales tras haber puesto en duda los motivos que habían originado la petición en una emisión del podcast “Nos reiremos de esto”.
Con la muerte de Capella los videos que mostraban a los comediantes dudando de las intenciones de la familia de Capella se hicieron virales, y las críticas no tardaron en llegar. Curro y Goncalves se disculparon mediante comunicados y reconocieron que se habían equivocado al dar por cierta una información que señalaba a Capella como un estafador.
CNN intentó sin éxito comunicarse con Yerardy Montoya, la novia de David Capella, para saber si pensaban demandar a Curro y a Goncalves por las opiniones difundidas en su espacio.
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El mismo domingo el fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación penal contra los dos presentadores porque consideró que los comunicadores “usaron delictivamente las redes sociales” para “incitar al odio contra Capella cuando éste agonizaba”. El martes Saab publicó en su cuenta de Twitter copias de las órdenes de captura libradas contra Curro y Goncalves, quienes viven fuera de Venezuela.
CNN intentó comunicarse con Curro y con Goncalves para conocer su reacción en torno a las medidas tomadas por el Ministerio Público, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.
Organizaciones no gubernamentales, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacios Públicos, denuncian de forma permanente restricciones y violaciones a las garantías informativas en Venezuela. Consideran que las redes sociales constituyen un espacio que permite que los ciudadanos aún puedan obtener información en momentos cuando, según IPYS, “más de 5 millones de venezolanos habitan en regiones en donde se reportó escasa o nula presencia de medios de comunicación”.
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El director de Espacios Públicos, Carlos Correa, advierte que en el marco de la llamada “Ley contra el odio” se han aplicado sanciones a usuarios de las redes sociales y que el número de casos va en aumento.
Correa precisó que desde el 16 de marzo de 2020 se registraron 290 violaciones al derecho a expresarse, entre ellas 103 medidas de censura, 80 restricciones administrativas, 37 hostigamientos verbales, 29 intimidaciones, 24 amenazas, 21 hostigamientos judiciales y una agresión.
A juicio de Correa, la situación que involucró a los comediantes pudo haberse llevado desde el plano ético. Considera que si la regulación del uso de las redes sociales se incluye en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión debe considerarse que la descripción de los delitos es sumamente vaga, que la aplicación de la norma recae en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, integrada mayoritariamente por funcionarios afines al gobierno de Maduro y que las sanciones son a su criterio brutales.
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Correa considera que al penalizar una opinión se está pasando a la vía penal un asunto que podría ser dirimido mediante mecanismos éticos. Destaca además que hubo una disculpa por parte de los comunicadores y que usualmente en este tipo de casos la acción penal debería derivarse de una querella privada por parte de algún familiar de Capella, que considerare que el honor y la moral de la familia se vieron afectados.
En su criterio el objetivo es otro, pues ya los delitos de opinión están incluidos en el Código Penal y bastaría entonces con su aplicación. Advierte que están tratando de colocar “un torniquete en los espacios de libertad que quedan en Venezuela, que básicamente son las redes sociales, el WhatsApp”.
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