Con la atención puesta en Los Ángeles, Estados Unidos, la ciudad vivió una jornada más tranquila tras cuatro días consecutivos de manifestaciones en rechazo a las recientes redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
La noche de ayer se caracterizó por una convocatoria más pacífica, según reportan medios locales, y una menor afluencia de manifestantes en comparación con las jornadas anteriores.
Desde el centro de Los Ángeles, Maribel González, corresponsal de CNN, informó que la calma regresó a la zona, aunque se mantiene una fuerte presencia policial y militar.
Oficiales del Departamento de Policía y vehículos de la Guardia Nacional permanecen estacionados frente a edificios federales y centros de detención, puntos que han sido foco de las protestas durante el fin de semana.
A pesar del ambiente más tranquilo, se registraron enfrentamientos entre un pequeño grupo de manifestantes y agentes de seguridad.
EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
En tanto, líderes locales han señalado que la mayoría de las personas que participan en las movilizaciones lo hacen pacíficamente, mientras que un reducido sector intenta generar caos e incitar a la violencia.
Estas protestas no solo se concentran en Los Ángeles; ciudades como Nueva York, Seattle y Dallas también han vivido manifestaciones en rechazo a las medidas migratorias.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha expresado su preocupación por el temor creciente en la comunidad, especialmente entre los inmigrantes que viven con el miedo constante a ser detenidos en redadas, incluso en lugares que históricamente se consideraban “espacios seguros”, como escuelas, iglesias y hospitales.
La presencia de la Guardia Nacional y tropas de la Marina —cerca de 700 marinos y 2000 soldados adicionales desplegados en la zona— ha sido duramente cuestionada por líderes locales y comunitarios, quienes consideran que estas medidas solo intensifican la tensión social.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha manifestado su rechazo y está en proceso de presentar una demanda contra la administración federal, argumentando que el despliegue de tropas sin consentimiento estatal viola la Constitución.
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