Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá perseguida desde hace mucho tiempo en el país, determinó este jueves el máximo tribunal de las Naciones Unidas, en un fallo sin precedentes que los supervivientes de las atrocidades llevaban casi una década esperando.
Esta sentencia histórica marca la primera vez que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) responsabiliza a un Estado por genocidio en sus 80 años de existencia, una decisión que tendrá repercusiones mucho más allá de Myanmar.
El fallo del tribunal, adoptado por nueve votos a favor y seis en contra, llega en momentos en que el propio concepto de justicia internacional ha sido objeto de críticas por parte de la administración Trump.
Para los rohinyás, la sentencia de la CIJ representa un “punto de inflexión”.
“Es la diferencia entre que nos digan que nuestra historia fue una tragedia, y que nos digan que nuestra historia fue un crimen por el cual se debe rendir cuentas”, afirmó Murshid Alam, quien tenía solo 12 años cuando fue expulsado de su hogar en el estado de Rakáin, en Myanmar.
Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y vinculantes. Sin embargo, el tribunal que dirime disputas entre Estados carece de facultades para hacer cumplir sus propias decisiones. No obstante, sus resoluciones se remiten al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano que podría decidir aplicar el fallo de la Corte mediante una resolución.
Entre 2016 y 2017, el ejército de Myanmar, país de mayoría budista, atacó aldeas y localidades habitadas por comunidades rohinyás. Los militares saquearon, incendiaron y masacraron a sus habitantes, además de expulsar a cientos de miles de personas del país.
En aquel entonces, los reportajes de CNN documentaron relatos desgarradores de rohinyás que presenciaron cómo soldados violaban y asesinaban a sus familiares. En algunos casos, incluso sus vecinos budistas participaron en las masacres. Imágenes de la época mostraban a multitudes aterrorizadas huyendo a pie de aldeas en llamas o apiñándose en embarcaciones sobrecargadas en su intento por llegar a la seguridad que ofrecía el vecino Bangladesh.
Este caso contra Myanmar fue presentado en 2019 por Gambia —un país situado a miles de kilómetros de donde ocurrieron los asesinatos—, marcando un precedente a nivel mundial. Previamente, Estados Unidos y Canadá habían calificado dichas atrocidades como genocidio.
El tribunal concluyó que la magnitud y la naturaleza de las atrocidades cometidas por Myanmar “iban mucho más allá de lo necesario para castigar a la población; más bien, son características de una intención de destruir a una parte sustancial del grupo”, señaló el juez presidente Iwasawa Yuji durante la lectura de la sentencia, que duró casi tres horas.
“El tribunal considera que la única inferencia razonable que puede explicar las acciones de Myanmar es la intención de destruir a una parte sustancial del grupo protegido, la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin”.
En su fallo, el tribunal otorgó especial relevancia a los “actos generalizados de violencia sexual y a los actos de violencia extrema contra menores”, así como a los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad contra “los rohinyás mientras intentaban huir en gran número hacia Bangladesh”.
Myanmar había negado que sus “operaciones de limpieza” tuvieran como objetivo destruir a la población rohinyá, argumentando que el ejército estaba realizando operaciones antiterroristas legítimas contra un grupo insurgente rohinyá. El Tribunal rechazó dicha defensa, al señalar que el ejército de Myanmar no distinguía entre militantes y civiles.
CNN se ha puesto en contacto con el gobierno de Myanmar —respaldado por los militares— para solicitar sus comentarios sobre el fallo.
“El mundo ve nuestro sufrimiento”
Murshid Alam era un niño cuando, bajo una lluvia de disparos, se vio obligado a abandonar su hogar en el estado de Rakáin. En medio del caos de la huida, recibió un disparo en la oreja, una “experiencia aterradora” sobre la que habló con CNN. La herida física ha sanado, pero no así el “trauma secundario de haber perdido mi hogar y ver cómo mi comunidad era destruida”, dice.
Alam fue uno de los más de 740.000 rohinyás que huyeron a Bangladesh para escapar de las masacres. Los extensos campos de refugiados en los que creció se han convertido, con el tiempo, en los más grandes del mundo, albergando a más de 1,2 millones de personas.
“Nuestra generación ha crecido en el desplazamiento. No hemos conocido otra cosa que la falta de una nacionalidad”, afirma Alam, de 22 años, quien actualmente trabaja en la educación y la defensa de los jóvenes en los campos de Cox’s Bazar como fundador de la Unión de Jóvenes Rohinyás.
La resolución sobre el genocidio “nos indica que el mundo ve nuestro sufrimiento y se niega a permitir que lo borren”, señala.
Este jueves, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, elogió la “valentía de las víctimas y supervivientes cuyas terribles experiencias fueron presentadas ante el tribunal”, y reconoció a “los Estados que intervinieron”.
“El sufrimiento, la miseria y la humillación infligidos a los rohinyás por el Estado de Myanmar constituyen una mancha en la conciencia de la humanidad”, declaró Türk.
Tras la exitosa iniciativa de Gambia para presentar el caso, la Corte Internacional de Justicia permitió que Sudáfrica presentara una demanda contra Israel en relación con su guerra contra Hamás en Gaza, que ha causado la muerte de más de 74.000 palestinos. Israel niega la acusación de genocidio.
Esta situación ha generado preocupación sobre la posibilidad de que el tribunal entre en conflicto con la administración Trump, que ya ha emprendido una campaña para “desmantelar” otra institución de justicia, la Corte Penal Internacional. El mes pasado, Mike Waltz, embajador ante la ONU, acusó a la CIJ de intentar rebajar el umbral necesario para dictaminar un genocidio en el caso de Myanmar, argumentando que dicho precedente podría llegar a utilizarse como “arma” contra los soldados estadounidenses.
¿Qué les espera a los rohinyás?
La Corte Internacional de Justicia ordenó a Myanmar realizar reparaciones a los rohinyás, lo que incluye “permitir y facilitar el retorno seguro, voluntario y digno a sus lugares de residencia y la reunificación familiar”, así como la restitución de todos los bienes perdidos o dañados. Asimismo, ordenó a Myanmar garantizar su protección futura frente a la discriminación y la persecución.
Es poco probable que Myanmar cumpla con lo dictaminado. Min Aung Hlaing, quien estaba al mando del ejército de Myanmar durante las masacres, es ahora el líder del país tras haber derrocado al gobierno electo. Además, ha calificado la identidad rohinyá de “imaginaria”. Su gobierno, respaldado por los militares, ha mostrado escaso interés en permitir el regreso de los rohinyás.
Otra cuestión es a qué volverían exactamente. En el estado de Rakáin, tierra natal de los rohinyás, el gobierno respaldado por los militares no ejerce el control. Un grupo armado étnico, denominado Ejército de Arakán, domina la gran mayoría del estado —incluidas las zonas fronterizas con Bangladesh— y ha sido acusado de cometer abusos generalizados contra la población civil en los territorios bajo su control.
Mientras tanto, en el marco de una cruenta guerra civil, el Ejército ha intensificado sus ataques aéreos en todo el estado, bombardeando mercados y hospitales civiles en respuesta a sus pérdidas territoriales.
Los rohinyás que actualmente residen en los campamentos no pueden trabajar y se enfrentan a condiciones extremas, que incluyen trata de personas, explotación, raciones de alimentos insuficientes y carencia de educación básica.
Alam, quien se encuentra en un campo de refugiados en Bangladesh, albergaba la esperanza de que el fallo judicial pudiera abrir el camino para regresar al hogar del que huyó cuando era niño.
“Los rohinyás no queremos vivir eternamente en campos de refugiados. Queremos volver a nuestra tierra natal, en el estado de Rakáin, con nuestros derechos, nuestra ciudadanía y nuestra dignidad plenamente restituidos”, afirmó.
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