La decisión de Rafael Correa fue criticada por agrupaciones ambientalistas y comunidades indígenas.
A pesar de haber firmado un decreto de protección de la reserva Yasuni ITT en 2007, el gobierno de Ecuador anuló el tratado y pretende explotar las reservas petrolíferas existentes bajo la superficie del territorio donde viven comunidades Huaorani, quienes aseguraron que no dejarán entrar empresas petroleras en sus territorios.
Rafael Correa culpa a las empresas multinacionales y a la economía exterior por el fracaso de su política verde de defensa de la reserva, pues el convenio planteaba que la comunidad internacional pagase US$3.600 millones como compensación por la no explotación del recurso, de los cuales sólo se reunieron US$13,3 millones.
Yasuni es una reserva de la biósfera de más de 900 mil hectáreas y una de las más diversas en cuanto a flora y fauna endémica. La extracción del crudo existente bajo el subsuelo pondría en peligro al ecosistema y a las comunidades indígenas que viven en ese sector del amazonas.
Correa pretende generar ganancias de más de US$18 mil millones por las operaciones pero su decisión le significó el rechazo internacional y duras críticas de las agrupaciones indígenas ecuatorianas. Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari (Movimiento de los Indígenas del Ecuador), declaró que “de existir explotación hidrocarburífera en el Yasuní, se le cae la careta de ecologista del Ecuador” y deberá dejar de ser verde.
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