(EFE) – El Gobierno argentino presentó este viernes una denuncia penal contra quienes considera promovieron la marcha por los jubilados que el pasado miércoles fue reprimida por la policía y en la que hubo más de un centenar de detenidos y casi 50 heridos.
Según fuentes oficiales, la denuncia, presentada en la Justicia federal por orden de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, alcanza, entre otros, a dos alcaldes peronistas, a un exlíder de la extinta guerrilla de los Montoneros y a “grupos organizados” de “barra bravas” de fútbol, a los que señala como responsables de haber “promovido los disturbios con fines desestabilizadores” en la marcha de los jubilados.
El Gobierno los acusa de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, delitos para los que se contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
En la movilización, ocurrida en el centro de Buenos Aires, participaron sindicatos, organizaciones sociales y aficionados de fútbol, en solidaridad con los jubilados que cada miércoles reclaman ante el Congreso una actualización en sus pensiones, cuyo nivel es paupérrimo.
Las fuerzas de seguridad federales y la policía de la capital cargaron contra los manifestantes para dispersar la protesta, con un saldo de 46 heridos -uno de ellos grave- y 124 detenidos.
Pero para el Gobierno, que ha justificado la represión policial, los disturbios “fueron el resultado de una acción organizada” bajo “la excusa de una protesta en apoyo a jubilados”.
Según su denuncia, hubo manifestantes que habrían cobrado hasta 50.000 pesos (46 dólares) por ir a la marcha y “provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, causando heridos, incendios de vehículos oficiales y daños a bienes públicos”.
Los señalados en la denuncia
El Gobierno apunta como “principal organizador de la violenta movilización” a Leandro Capriotti, del club Chacarita Junior y cercano al dirigente sindical Luis Barrionuevo.
La denuncia menciona la participación de Mario Firmenich, exjefe de Montoneros -grupo armado que actuó en la década de 1970-, quien desde España -donde reside- difundió un video en el que instó a la movilización en apoyo de las personas mayores.
También se señala a los alcaldes de los municipios bonaerenses de La Matanza y Lomas de Zamora, gobernados por los peronistas Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, ambos opositores al Gobierno de Javier Milei.
Según la denuncia, de esas localidades de la periferia de Buenos Aires acudieron gran parte de los manifestantes que fueron a la plaza del Congreso, en la capital argentina.
En la denuncia también se cuestiona a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, la magistrada no analizó las pruebas y liberó a detenidos con antecedentes penales por lo que se evalúa denunciarle por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público.
La ministra Bullrich ha afirmado que el operativo del miércoles fue “adecuado” y que “se tomó la decisión de comenzar a dispersar a los violentos desde el primer momento” porque los manifestantes tenían armas blancas y de fuego y estaban preparados para “generar violencia”.
“Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado”, advirtió Bullrich, que ya fue denunciada ante la Justicia por los delitos de privación de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad.
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