(EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los recientes terremotos en el país.
La medida, anunciada por el Tesoro, establece que la Red de Control de Delitos Financieros no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela, país bajo sanciones, entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.
El Tesoro explicó que las instituciones financieras deberán mantener sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y seguir respetando las sanciones vigentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La protección anunciada no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas de las normas financieras estadounidenses, según el comunicado.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, presentado el jueves pasado, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares y podrían frenar la recuperación económica del país durante una década.
Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.
Estados Unidos comenzó a imponer sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos en 2015, durante la administración de Barack Obama, y posteriormente amplió las medidas económicas contra el Gobierno de Nicolás Maduro a partir de 2017.
El régimen de sanciones se endureció en 2019 con restricciones más amplias sobre la economía venezolana, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde entonces, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias y excepciones específicas para permitir determinadas operaciones, entre ellas algunas relacionadas con el sector petrolero, especialmente tras los cambios políticos registrados en Venezuela después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.
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