(CNN) – Una coalición de 20 fiscales estatales está demandando al Gobierno de Trump, impugnando los requisitos que vinculan los fondos federales a la participación estatal en los esfuerzos de cumplimiento de inmigración en curso.
Al anunciar la acción legal el martes, el fiscal general de California Rob Bonta dijo en un comunicado de prensa: “El Presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales a usar sus recursos para la aplicación de la ley de inmigración federal y su último intento de intimidarlos para que lo hagan es flagrantemente ilegal”.
El colectivo de fiscales estatales presentó dos demandas en un tribunal federal, apuntando específicamente a las condiciones que, según ellos, se han impuesto a miles de millones de dólares en subvenciones proporcionadas por el Departamento de Transporte de EE.UU. y el Departamento de Seguridad Nacional.
En sus demandas, los funcionarios estatales argumentan que es el Congreso y no el Poder Ejecutivo, el que determina el gasto federal.
Los demandantes dijeron que las subvenciones no tienen nada que ver con la inmigración, sino que se utilizan para el mantenimiento de carreteras y aeropuertos, esfuerzos contra el terrorismo y preparación ante emergencias.
“El Presidente está amenazando con retirar fondos para mejorar nuestras carreteras, mantener nuestros aviones en el aire, prepararnos para emergencias y protegernos contra ataques terroristas si los estados no se alinean con sus demandas”, dijo Bonta. “Está tratando estos fondos, que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración y todo que ver con la seguridad de nuestras comunidades, como una moneda de cambio”.
La avalancha de órdenes ejecutivas que Trump firmó desde que asumió el cargo incluyó una directiva al Departamento de Justicia y al DHS para retener fondos federales a las jurisdicciones llamadas “santuario.”
Otra orden bloqueó a las agencias federales de financiar a las autoridades estatales y locales que “apoyen las políticas de ‘santuario’ que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación”. El mes pasado, un juez federal en California dictaminó que partes de las órdenes ejecutivas de Trump eran inconstitucionales.
La coalición que demandó al Gobierno de Trump el martes incluyó a California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Maryland, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
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