La Fiscalía Suprema de Familia archivó la denuncia por violación sexual contra el nuevo presidente de Perú, José Enrique Jerí Oré, solo una semana antes de que asumiera el cargo tras la destitución de Dina Boluarte. La decisión ha provocado cuestionamientos debido a la rapidez del cierre y las diligencias que no se realizaron.
La denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2024 por una mujer de 31 años en la provincia de Casma, en la región de Áncash. El caso vinculaba a Jerí y a Marco Antonio Cardoza Hurtado, un allegado suyo, como presuntos responsables del ataque.
El fiscal supremo Tomás Gálvez archivó el expediente el 8 de agosto de 2025, argumentando que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”. Una segunda resolución del 3 de octubre confirmó el cierre.
El caso fue derivado a una fiscalía provincial únicamente para continuar la investigación sobre Cardoza, hoy prófugo de la justicia. Sin embargo, medios como Epicentro TV advirtieron que no se practicaron pericias psicológicas a la denunciante ni al presidente, y que hubo diligencias omitidas y testimonios no contrastados.
El reportaje también reveló vínculos previos entre Jerí y Cardoza. Este último visitó el Congreso en al menos cinco ocasiones entre 2022 y 2024 y participó en actividades organizadas por el entonces parlamentario. Incluso, una empresa familiar de Cardoza fue reconocida en un acto público encabezado por Jerí, donde también estuvo presente la denunciante.
Pese a la controversia, el Congreso proclamó a Jerí como presidente tras aprobar la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” ante la crisis de seguridad. Su juramentación ocurrió en medio de protestas y un clima político inestable.
El archivo de la causa, confirmado días antes de su llegada al poder, dejó instalada la duda sobre la independencia del Ministerio Público y el impacto del ascenso político del mandatario en el avance de la investigación.
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