El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y negó que existan pruebas de que la reciente muerte de un líder indígena corresponda a un asesinato.
Emyra Wajapi, líder de la tribu Waiapi, fue encontrado muerto la semana pasada en las tierras indígenas protegidas en el noroeste del país, cerca de la frontera con la Guayana Francesa.
Algunos miembros de la tribu han denunciado que sus tierras fueron invadidas por mineros informales el viernes, tres días después de que el líder fuera hallado muerto en un río, lo que ha llevado a la policía federal a investigar ambas aristas.
Bachelet pidió una investigación al respecto este lunes y dijo que el caso es “un síntoma inquietante del creciente problema de la invasión de tierras indígenas, especialmente bosques, por mineros, madereros y agricultores en Brasil”.
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Sin embargo, el mandatario brasileño sostuvo esta misma jornada que “no hay evidencia sólida hasta el momento de que un indio haya sido asesinado”.
Además, afirmó que buscará legalizar la minería de pequeño porte y que los indígenas también deberían contar con autorización: “Las ONG y otros países quieren que el indígena continúe preso en un zoológico como si fuese un animal prehistórico”.
Bachelet, en tanto, había comentado en un comunicado que “la política propuesta por el gobierno brasileño de abrir más zonas de la Amazonía a la explotación minera crea riesgos de inducir a incidentes violentos, intimidaciones y asesinatos como el que sufrió el pueblo waiapi la semana pasada”.
En tanto, Funai, una agencia estatal que defiende los derechos indígenas en Brasil, sostuvo que el informe policial más reciente sobre la muerte del líder indígena mostró evidencia de la “presencia de un grupo armado” en la reserva indígena.
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