La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde Londres se refirió a las manifestaciones sociales que se han registrado tanto en Chile como en Argentina, Bolivia, Ecuador, Francia, Hong Kong y Rusia. 

La presentación fue dada en la consultora británica Chatham House, donde además abordó temas como la protección de los derechos humanos, inequidad de género y cambio climático.

Según la ex mandataria, un factor que se repite entre las motivaciones para iniciar las protestas es la “inequidad social” y aseguró que la desigualdad de ingresos ha provocado “un fuerte daño” en la sociedad. 

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Asimismo, manifestó que “un movimiento muy amplio está en marcha y denota un fallo fundamental y de la política y la economía contemporánea” y que esto ocurre por una “percepción de un déficit democrático”. 

A juicio de la autoridad, los gobiernos han decidido “sofocar las protestas en lugar de escuchar lo que los manifestantes tienen que decir, y en muchos casos esto implicó acusaciones de excesos y a veces uso letal de la fuerza por parte de la policía”. 

Además, expuso que la “brutalidad policial” contra quienes “reclaman pacíficamente sus Derechos Humanos o expresan opiniones críticas constituye una violación de los DD.HH., pero además, al aumentar la tensión, dificulta una salida sostenible de la crisis”. 

Por este motivo, llamó a que los líderes mundiales dialoguen y escuchen las críticas

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Cabe mencionar que un grupo de diputados de oposición, firmó y presentó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

Los parlamentarios acusan que el mandatario permitió la violación de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, durante el contexto de las manifestaciones sociales que se desarrollan desde el pasado 18 octubre en el país.

La acusación fue firmada por Carmen Hertz (PC), Camila Vallejo(PC), Jaime Naranjo (PS), Jorge Brito (RD), Claudia Mix (Comunes), Tomas Hirsch (PH), Carolina Marzan (PPD), Gael Yeomans (CS), Emilia Nuyado (PS) y Vlado Mirosevic (PL).

Esta determinación fue cuestionada por el ministro de la Segpres, Felipe Ward, quien aseguró que “no hay fundamento” para impulsarla. 

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio a la investigación en terreno sobre las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile

 

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