Argentina inicia el proceso de privatización de su mayor empresa distribuidora de agua: Estos serán los principales cambios

(EFE).- El Gobierno de Argentina publicará este viernes los pliegos del proceso de licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la mayor empresa distribuidora de agua del país, con 3,8 millones de usuarios.

“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 % de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado nacional”, anunció este jueves el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de redes sociales.

El 10 % restante de las acciones de AySA pertenecen a los 5.993 trabajadores de la compañía a través de un programa de propiedad participada.

“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó Caputo.

AySA presta servicios a 3,8 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios que rodean a la capital argentina, un área de 3.363 kilómetros cuadrados donde viven 15,1 millones de personas.

En 2006, el entonces Gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato de concesión de servicios por treinta años firmado en 1993 con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez (39,93 %) y participada por la española Aguas de Barcelona (25,01 %).

Al rescindir el contrato, el Gobierno de Kirchner alegó la mala calidad del servicios prestado en algunas áreas y el incumplimiento por parte de la compañía de las inversiones pautadas en el contrato.

Aguas Argentinas, de la que también eran socios el argentino Banco Galicia, la francesa Vivendi, la Corporación Financiera Internacional y la británica Anglian Water, fue entonces disuelta y se creó la estatal AySA para hacerse cargo del servicio.

AySA fue incluida en la lista de empresas a privatizar contempladas en la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, una norma de amplio alcance sobre desregulación de la economía y ajuste en el Estado, aprobada por el Congreso en junio de 2024.

El Gobierno de Javier Milei ha cuestionado que desde 2006 y hasta 2023 AySA requirió para funcionar fondos del Tesoro por unos 13.400 millones de dólares, pese a lo cual hubo un “fuerte deterioro” de la infraestructura.

Según información difundida por la compañía en marzo pasado, AySA pasó de recibir transferencias del Estado nacional en 2023 por 1,3 billones de pesos (915 millones de dólares) a 37.000 millones de pesos (26 millones de dólares) en 2025.

El año pasado la empresa logró un superávit operativo de 237.000 millones de pesos (167 millones de dólares).