Hace pocos días, el Servicio Electoral de Chile fue reconocido por el Electoral Integrity Project como el órgano electoral mejor evaluado de América Latina y el tercero a nivel mundial, empatado con Portugal y a muy poca distancia de Canadá y Dinamarca.
En otra métrica, Chile lidera en la región junto a Costa Rica en el índice de integridad electoral y figura entre los siete mejores países del mundo.
Estos resultados son relevantes y debiesen llenar de orgullo a moros y cristianos.
Hay un aspecto en el que me quiero detener: la gobernanza de SERVEL. Todos tenemos en la retina la difícil situación por la que atravesó, hace pocos meses, el órgano electoral peruano (conocido como ONPE), la que en parte se explica por estar encabezado por una autoridad unipersonal, cuyo titular durante el último proceso eleccionario fue injustamente maltratado y denostado. Fue tan fragmentada la oferta de candidatos presidenciales (35), tan apretada la segunda vuelta y tan polarizada la disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que el órgano electoral, con una débil estructura de gobernanza, sucumbió al salvajismo de la política peruana.
Pues bien, es precisamente en este punto en donde SERVEL sobresale. Su gobernanza es colectiva (un Consejo Directivo formado por cinco personas con competencias verificadas y provenientes del mundo de los partidos), cuya independencia se mide no por su origen, sino por su desempeño como cuerpo. No tengo ninguna duda de que la política chilena encontró en esta forma de gobernanza una expresión virtuosa de autonomía y eficiencia.
Es esta estructura de gobernanza de nuestra perla de la República lo que garantiza que, en caso de una segunda vuelta presidencial excepcionalmente estrecha, el pueblo de Chile no se vea sometido a formas extremas de incertidumbre.
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