El Congreso aprobó la exención de contribuciones a la primera vivienda de propietarios de 65 años o más a partir de 2027, para todos, sin importar ni sus ingresos mensuales ni el valor de su propiedad.
Hoy día en Chile solo una de cada cinco viviendas paga contribuciones, porque están exentas las de menos de 60 millones de avalúo fiscal.
Son 270 mil adultos mayores los potenciales beneficiarios de esta exención, sustentada en la idea de que, mientras sus ingresos tienden a disminuir con la edad, las contribuciones siguen al alza y en las comunas más pudientes han aumentado más de dos veces en los últimos cinco años.
Con esta medida, el Fondo Común Municipal, que beneficia a los municipios de menos recursos, dejará de percibir 130 millones de dólares, que serán provisionados por el presupuesto nacional desde 2027 en adelante. Hay otros 70 millones de dólares que corresponden a lo que queda en la comuna, que se restarán del presupuesto municipal, particularmente donde vive la gran mayoría de las personas que pagan hoy contribuciones, que son 12 comunas encabezadas por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia.
El ministro Quiroz se opuso a compensar a las comunas más ricas, seguramente para no aumentar la regresividad de la medida y apoyándose en que, por el alza de los avalúos fiscales, para ellas significa simplemente volver a lo que las contribuciones aportaban hace tres o cinco años, pero finalmente cedió, porque las comunas más afectadas son gobernadas por alcaldes de derecha, y envió una indicación que compensa íntegramente su pérdida.
Eso es lo que aprobó la Comisión Mixta y debe ser votado en el Senado y la Cámara. La pregunta que deben hacerse los parlamentarios oficialistas y opositores de todos los colores es cómo se justifica que, con cargo al presupuesto nacional, proveniente de los impuestos de todos, incluido el IVA, casi la totalidad de los 70 millones de dólares vaya a 12 comunas donde está concentrado el 7% de la población nacional de mayores recursos.
Esto, que en tiempos normales sería injustificable, pasa a ser absolutamente improcedente en un momento de restricciones fiscales como las de hoy, agravadas por desastres naturales que demandan ingentes recursos.
Esperemos que la próxima semana nuestros senadores y diputados no desafíen el sentido común aprobando una medida tan regresiva como la que se propone.
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