El pasado domingo 13 de febrero entró en vigor la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas, más conocida como Ley de Plásticos.
La medida tiene por objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos. En este contexto, uno de los principales involucrados será el sector gastronómico, que deberá eliminar todo tipo de plástico desechable y, en su lugar, ofrecer otras alternativas.
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Tania Rheinen, directora de comunicaciones de Oceana Chile, sostuvo que esta legislación nace a partir de diferentes estudios realizados por Oceana junto a otras organizaciones. “Hicimos un informe para evaluar cuál era la situación de los plásticos en general”, dijo a CNN Chile.
“La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), a través de las limpiezas de playa, recabó información sobre un 70% de basura plástica en las playas del país y, de ese 70%, la mayoría correspondía a plásticos de un solo uso”, agregó.

Crédito: Agencia Uno
Rheinen explicó que los plásticos de un solo uso son aquellos utensilios que, por lo general, se “desechan luego de usarlos, se transforman en basura y por ser tan pequeños no tienen una vida circular, no son reciclados”. Dentro de esta categoría entran las bombillas, tenedores y cuchillos, entre otros.
“Al transformarse en basura, no muchos de estos plásticos terminan donde corresponde -que es en los vertederos-, sino que muchos acaban en las playas con las consecuencias que ya conocemos de impacto en la fauna marina principalmente”, dijo.
La experta aclaró que la nueva ley es progresiva. “Vamos a comenzar con las bombillas, los revolvedores, las cucharas, cuchillos, tenedores, palillos de plástico y los contenedores de plumavit. La plumavit se incluye en una primera instancia porque son muy contaminantes”.
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Las municipalidades serán las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de esta ley. Sin embargo, Rheinen recalcó la labor de la ciudadanía, quienes “pueden alertar a través de las redes sociales a la municipalidad correspondiente sobre los locales que no están cumpliendo con la norma”.
Si un recinto no cumple con lo establecido por la ley, se expone a multas que van desde los $55 mil hasta, en el caso de supermercados, más de $1.000.000. “Las municipalidades tendrán que ir y pasar la multa que va desde la 1 UTM hasta las 20 UTM dependiendo de la infracción y ese dinero va a ir directo a los municipios. De esa forma, nos aseguramos que tengan el incentivo para realizar la fiscalización”, cerró la experta.
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