Este es el último programa Tolerancia Cero antes de la primaria de los partidos de izquierda. Y lo lógico sería que estuviésemos acá analizando las últimas encuestas electorales.
Pero no podemos… y no es nuestra culpa.
Lo que pasa es que una ley chilena de 2016 prohíbe a la prensa y a las empresas encuestadoras divulgar información de encuestas electorales.
Lo que se buscó en esa época fue aumentar la transparencia y la probidad en el sistema político chileno, después de varios escándalos de financiamiento irregular de la política, como los casos MOP Gate, Penta y SQM.
Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. Y así fue que en el paquete de leyes para el (comillas) “fortalecimiento y la transparencia de la democracia”, que cambió el sistema para financiar las campañas, se prohibió también publicar encuestas durante los 15 días previos a una elección.
Los legisladores de la época querían evitar que se manipulara a los electores a última hora con estudios de opinión que influenciaran indebidamente a la gente.
Pero han pasado casi 10 años desde entonces y el mundo cambió. Hoy el fenómeno de las redes sociales hace imposible prohibir que cualquier información circule sin límites. Sea verdadera o falsa. Y muchas veces las fuentes de esa información son anónimas.
Por lo tanto, la prohibición solo opera para empresas y medios de comunicación formales, con domicilio conocido, que son finalmente los más confiables, porque tienen una reputación que cuidar.
Prohibir la divulgación de encuestas es, por lo mismo, una restricción a la libertad de expresión e información.
Esta ley además convierte a Chile en una rareza: La mayoría de los países occidentales no tienen restricciones a la publicación de encuestas, salvo el día mismo de la elección. Confían en la autorregulación de los medios y las empresas encuestadoras.
En la era de la inteligencia artificial, lo inteligente parece ser poner esa ley a la altura de la realidad actual.
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