La Comisión de Constitución del Senado discutió este martes en particular el proyecto de amnistía -originalmente conocido como indulto- a los detenidos del estallido social. En la sesión, la instancia redujo y aprobó el catálogo de delitos que formarán parte de la iniciativa. Sin embargo, quedó pendiente la discusión sobre la fecha en que se podrá solicitar la amnistía.
En concreto, los parlamentarios decidieron dejar fuera del listado los delitos de homicidio frustrado y maltrato de obra a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Para profundizar en la discusión dentro de la Cámara Alta, así como las posibilidades que tendrá la iniciativa, que ahora seguirá su trámite en la Cámara de Diputados, CNN Chile conversó con el senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, uno de los promotores de la iniciativa. “Recordemos que este proyecto lo presentamos hace 13 meses, se había aprobado la idea generar de legislar en tres comisiones, Derechos Humanos, Seguridad Pública y Constitución, pero faltaba entrar a la discusión en particular“, destacó el parlamentario.
“Una de las condiciones que algunos de los senadores y senadoras, sobre todo de la actual oposición al gobierno de Sebastián Piñera y de la centroizquierda, habían planteado estar a favor del indulto o amnistía, pero había que acotar el catálogo de delitos y yo siempre dije que iba a haber que llegar a ese momento”, continuó, señalando que “presenté una indicación para incluir el homicidio frustrado sin lesiones a personas, no por una cuestión antojadiza, sino porque hay casos reales que me ha tocado visitar en la cárcel que están condenados a cinco o seis años por ese delito sin que exista nadie lesionado”.
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No obstante, aseguró, “hemos sido muy claros en dejar fuera delitos de sangre o contra las personas, más bien, acá hay delitos relacionados a desórdenes públicos o contra las cosas en el contexto del estallido social. Asimismo, enfatizó en que “de pasar el Senado, igualmente debe seguir el siguiente trámite en la Cámara de Diputados, por tanto, este proyecto continuará en el nuevo gobierno“.
“Este proyecto ha ido ganando adhesiones”, agregó Latorre, consignando que “si se aprueba en el Senado, sería con los votos de la actual centroizquierda, de todas las bancadas, ya que han estado colaborando el senador Huenchumilla y la senadora Provoste (ambos DC), el senador Araya (PPD), Durresti (PS), o sea, ha habido un apoyo transversal con condiciones y espero que esa misma transversalidad llegue también a la Cámara de Diputados”.
De esta manera, expresó el senador “estoy convencido de que esta es una causa justa, sé que es un proyecto polémico, que es controvertido, pero al mismo tiempo me he involucrado, con los familiares, personas que he ido a ver a la cárcel”, afirmando que “acá en la quinta región me ha tocado ver a personas que estuvieron dos años en prisión preventiva sin condena, y que después salieron absueltas, sin que nadie siquiera les pida disculpas, ese tipo de situaciones ocurren, hay rostros detrás de este proyecto de ley y por eso estoy convencido de que seguiré hasta el final”.
Con respecto a las críticas que respecto del estallido social han surgido hacia la prisión preventiva, el senador indicó que “es un problema estructural de la administración de justicia, que está pendiente”, recordando que “hemos presentado proyectos” que no han prosperado y esperando que “el nuevo gobierno y la Constitución lo aborden“.
En cuanto al número de causas por delitos durante el estallido social, que según indicó el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, ascendería 46.274 causas y que, dijo, en esta amnistía entrarían 38.448 delitos, Latorre advirtió de “varias cifras que se han dado”, aclarando que “primero, hubo decenas de miles de detenciones en el periodo que luego fueron declaradas ilegales” y que, con el tiempo, “el número fue bajando hasta establecer las condenas que hoy conocemos”. En ese sentido, indicó que, aproximadamente, “estaríamos hablando de 4 mil condenas que pueden ser beneficiadas“. No obstante, señaló que “las cifras han sido un problema, porque la Defensoría Penal Pública entregó una información, Gendarmería entregó la suya, y las organizaciones de DD.HH., familiares y sociedad civil han construido un catastro, así que no hay un registro oficial único“.
Finalmente, con respecto a la férrea oposición a la medida que han presentado los parlamentarios del actual oficialismo, Latorre sostuvo que “sabemos que la derecha siempre ha querido indultar a criminales de lesa humanidad” y aseguró que por su parte “no voy a pautear al presidente electo, se estudiará caso a caso y se revisarán las carpetas”.
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