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Diputada Muñoz respalda revisión de mochilas en colegios: “Le devuelve la autoridad a las instituciones de educación”

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La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, manifestó su firme apoyo al proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que inicia su trámite en el Congreso Nacional con el objetivo de enfrentar la crisis de seguridad en los recintos educacionales.

Para la legisladora, la propuesta representa un “puntapié inicial” necesario ante el fracaso de medidas preventivas previas y la degradación de la convivencia escolar en los últimos años.

¿Qué implican las nuevas atribuciones de seguridad?

Uno de los ejes centrales de la discusión es la facultad que tendrían los sostenedores para implementar controles preventivos en los accesos. Al respecto, Muñoz destacó que esta medida es fundamental para recuperar el control jerárquico dentro de las comunidades educativas. “Estoy de acuerdo porque le devuelve la autoridad a las instituciones de educación a establecer los mecanismos que quieran aplicar, desde detectores de metales hasta revisión de mochilas, siempre cautelando, por supuesto, el derecho de los niños”, afirmó en CNN Chile Radio.

La parlamentaria vinculó la actual situación de violencia con un proceso de deterioro que, a su juicio, se agudizó tras los eventos de octubre de 2019. Según la diputada, los denominados liceos emblemáticos han perdido su rol como movilizadores sociales debido a la falta de orden. “Es el resultado de una escalada de violencia que se acrecentó en el estallido delictual. Vimos cómo liceos emblemáticos empezaron a caer y hoy cuentan con una muy baja matrícula y no gozan del prestigio que gozaban hace mucho tiempo”, argumentó.

El debate por la pérdida de la gratuidad

Otro punto de alta tensión política es la propuesta de sancionar a los estudiantes que cometan actos delictivos con la pérdida del acceso a la gratuidad. Muñoz rechazó las críticas de sectores de la oposición que consideran esta medida como una vulneración a un derecho social, planteando que el beneficio debe estar ligado a la conducta y al esfuerzo académico.

“¿Por qué tendríamos que darle estos mismos beneficios a quienes están delinquiendo, amenazando docentes, amenazando a sus propios compañeros y cometiendo delitos dentro de las instituciones de educación? Por supuesto que es un derecho, pero también va amparado a la meritocracia”, señaló la diputada.

En esa línea, sostuvo que si administraciones anteriores hubiesen tenido “mano firme” contra el adoctrinamiento y el uso de artefactos incendiarios en las aulas, hoy no sería necesario discutir el retiro de beneficios sociales.

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