La senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez planteó la necesidad de sancionar con prisión a quienes filtren información desde causas penales en curso, incluyendo tanto a fiscales como a abogados intervinientes. La propuesta será discutida el lunes 26 de mayo en la Comisión de Constitución del Senado, la cual preside.
“La sanción tiene que ser ejemplificadora y tiene que ser de prisión. Cuando alguien accede y filtra información que está siendo investigada, ya sea parte del Ministerio Público o un interviniente, debe enfrentarse a una sanción penal”, señaló Núñez en entrevista con CNN Chile Radio.
El proyecto —impulsado por los cinco senadores que integran la comisión— contempla penas proporcionales según la gravedad del daño causado, y busca cerrar vacíos legales que permiten actualmente el uso político de antecedentes reservados.
Núñez advirtió que el acceso a carpetas por parte de querellantes con intereses políticos puede distorsionar el proceso. “Aunque exista una figura como un fiscal ad hoc, igual pueden acceder a la información. Por eso creemos que el foco debe estar en la sanción”, sostuvo.
#CNNChileRadio | Estamos conversando con la senadora (RN) Paulina Núñez.
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Acusaciones de “espionaje político”
En ese marco, la senadora abordó también los cuestionamientos que ha hecho el Frente Amplio al Ministerio Público por su rol en el caso Convenios. Desde ese sector se ha hablado de “espionaje político” y de una supuesta persecución al oficialismo por las filtraciones de antecedentes que involucran a figuras del bloque.
“Me parece una pésima estrategia. No pueden evadir el fondo del problema, que es la corrupción. Tienen a la expresidenta del partido con arresto domiciliario y a exautoridades implicadas. Intentar desviar la atención culpando al Ministerio Público solo genera más molestia en la ciudadanía”, afirmó Núñez.
Finalmente, confirmó que en la discusión del proyecto participarán representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, así como académicos y penalistas, con el objetivo de establecer una regulación clara que proteja la integridad de los procesos investigativos.
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