Exministro del TC y el “uso abusivo” de acusaciones constitucionales: “La Cámara ha desvirtuado el instrumento”

El exministro del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional, Enrique Navarro, cuestionó el uso que ha tenido la acusación constitucional en los últimos años y abordó el libelo presentado contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

En entrevista con CNN Chile Radio, Navarro sostuvo que la acusación constitucional debe ser entendida como una herramienta excepcional y no como el primer mecanismo de fiscalización política.

“La acusación constitucional es una medida que tiene que adoptar la Cámara como última medida, no debe ser la primera medida que uno adopte”, afirmó.

“La Cámara ha desvirtuado el instrumento”

El exministro del TC advirtió que, a su juicio, la Cámara de Diputadas y Diputados ha hecho un uso excesivo de esta herramienta durante los últimos gobiernos.

“La Cámara de Diputados en los últimos años ha desvirtuado y ha efectuado un ejercicio abusivo de la acusación”, sostuvo.

Navarro recordó que durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric se presentaron más de diez acusaciones constitucionales contra autoridades, sin considerar las dirigidas contra ministros de cortes.

También mencionó como antecedente las dos acusaciones constitucionales presentadas contra un expresidente de la República, algo que calificó como inédito en la historia constitucional chilena reciente.

“Uno esperaría que en este tipo de materia se actúe con más análisis”, señaló.

El académico explicó que la Cámara es un órgano político y que, por lo mismo, muchas veces las acusaciones terminan evaluadas bajo consideraciones políticas más que estrictamente jurídicas.

“La acusación tiene 60 páginas, la respuesta del ministro tiene 160 páginas. Estoy seguro que ningún diputado lo va a leer eso. Entonces, evidentemente, esto va a votarse políticamente”, planteó.

Críticas al libelo contra Grau

Respecto de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, Navarro sostuvo que el texto le parece “débil” y que no contiene antecedentes suficientes para justificar una sanción de esa gravedad.

“A mí me parece un poco débil, probablemente como estaba por vencer el plazo”, señaló.

El exministro del TC sostuvo que, antes de recurrir a una acusación constitucional, la Cámara pudo utilizar otras herramientas de fiscalización, como una comisión investigadora o la recopilación de antecedentes técnicos.

“Me parece que lo adecuado, lo razonable, sería investigar adecuadamente, realizando un análisis pormenorizado y técnico sobre el tema”, dijo.

Navarro añadió que, de haber sido diputado, probablemente habría rechazado el libelo contra el exministro de Hacienda.

“Yo probablemente rechazaría la acusación constitucional por razones de fondo”, afirmó.

El estándar para una acusación constitucional

El académico sostuvo que no cualquier error o diferencia de criterio puede justificar una acusación constitucional contra un ministro de Estado.

A su juicio, debe existir una infracción grave, relevante y deliberada a la Constitución o la ley.

“Tiene que haber un propósito deliberado para infringir la Constitución”, explicó.

En el caso de Grau, Navarro señaló que la acusación apunta a eventuales errores en estimaciones de ingresos y gastos, materia que, según dijo, requiere un análisis técnico más profundo.

“La economía tiene muchas explicaciones y normalmente a veces se equivoca en las estimaciones”, sostuvo.

El exministro del TC agregó que los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten sostener, a su juicio, que exista una infracción constitucional suficiente.

“Me parece que son situaciones erróneas, pero que creo que no alcanzan al grado de significar una infracción a la Constitución”, afirmó.

Un precedente para futuros ministros

Navarro también advirtió que, si la acusación prospera, podría abrir un precedente complejo para futuros ministros de Hacienda.

“El precedente creo que puede ser efectivamente peligroso”, sostuvo.

Según explicó, cada vez que existan diferencias en estimaciones fiscales o errores de cálculo podría surgir una acusación constitucional, aunque no exista una actuación deliberada de la autoridad.

“Cada vez que se produzca alguna diferencia o algún error, puede surgir evidentemente una acusación constitucional”, señaló.

El académico planteó que eso podría incidir incluso en el actuar del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y en la forma en que el Ejecutivo presenta sus proyecciones fiscales.

“El ministro de Hacienda va a tener que ser extremadamente riguroso y preciso al presentar cada uno de los proyectos”, dijo.

Responsabilidad política y responsabilidad constitucional

Navarro reconoció que las autoridades deben responder por sus actos, pero distinguió entre distintos tipos de responsabilidad: administrativa, civil, penal y constitucional.

En ese sentido, sostuvo que la acusación constitucional tiene un estándar más alto, debido a sus consecuencias institucionales y personales.

“La acusación constitucional debe ser empleada solo en situaciones extremas, graves y cuando hay una manifiesta infracción a la Constitución”, afirmó.

El exministro del TC recordó que una acusación aprobada puede implicar la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos de elección popular, por lo que llamó a usar la herramienta con prudencia.

“Tiene que emplearse en situaciones objetivamente graves”, señaló.

Debate por cambios al mecanismo

Consultado por la posibilidad de elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, Navarro dijo que no necesariamente se requiere modificar los quórums actuales.

A su juicio, el problema está en la forma en que se interpreta y aplica el instrumento.

“No creo que haya que elevar los requisitos. Creo que hay que interpretar adecuadamente lo que establece la Constitución”, sostuvo.

Sin embargo, sí respaldó reforzar las instancias previas de fiscalización antes de llegar a una acusación.

“Me parece que eso la Cámara de Diputados no lo ha hecho y creo que es fundamental interpelar previamente, formar una comisión, revisar los antecedentes y, en caso de que la revisión no sea suficiente, ahí gatillar la acusación constitucional”, planteó.

Finalmente, Navarro afirmó que el instrumento debe mantenerse como contrapeso al poder del Ejecutivo, pero reservado para casos de ejercicio abusivo de atribuciones.

“La palabra clave es ejercicio abusivo. En la medida que yo ejerzo abusivamente mis atribuciones, la posibilidad de la acusación puede gatillarse”, cerró.