Por Mónica Rincón
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Gracias. De nuevo, gracias. A los sobrevivientes de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, gracias. Porque, una vez más, como país, les debemos el que hayan salido a levantar la voz esta vez en contra del espúreo convenio entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público, y que lograran que hoy se anuncie que queda sin efecto. Es su mérito.

Un acuerdo que fue firmado entre cuatro paredes, de espalda a las víctimas y que era completamente inútil para lograr más verdad y más justicia, si eso era de verdad lo que se quería. Porque ya existen leyes que marcan claramente el camino para hacer denuncias, cooperar y finalmente, enjuiciar a los depredadores y encubridores.

Muy útil, en todo caso, el convenio en dar privilegios inmerecidos a la Iglesia Católica. Como mantener informados a los obispos de las investigaciones en curso, cautelar más que para el resto de los ciudadanos la confidencialidad de las diligencias y sobre todo, presuponerle, por escrito, buena fe y ayudar a lavar la imagen de una institución varios de cuyos miembros están siendo investigados por encubrimiento y otros delitos.

En el comunicado que desecha el convenio, el Fiscal Nacional asegura que no pensaron que causaría dolor y molestia, algo que era del todo previsible. Y aseguran que las víctimas están en el centro de la preocupación del Ministerio Público. ¿En serio? ¿Por qué, entonces, no les preguntaron a ellas antes que a los investigados? ¿Por qué no firmaron con ellas un convenio?

Agregan que son prioritarias todas las acciones para que una víctima sea acogida, escuchada, protegida y reparada. Justo lo opuesto a lo que se lograba con el acuerdo.

Gracias, Juan Carlos Cruz, porque remeciste a Jorge Abbott al decirle que no tenías estómago para compartir con él en una reunión, porque había, desde tu perspectiva, traicionado a las víctimas al pactar con la Iglesia.

No es la primera vez que se pone al prestigio de las instituciones, antes que a la persecución de los delitos. No es primera vez que los investigados tienen más garantías que las propias víctimas. No es primera vez que se nos recuerda que no somos todos de verdad iguales ante la ley. No es la primera vez. Ojalá fuera la última.

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