La Ley de la Jibia ha despertado un conflicto entre los pescadores artesanales y los industriales. Unos están por el fin del método de pesca de arrastre y los otros lo defienden como la fuente de los ingresos de la industria para la cual trabajan y de los suyos propios.
Mientras, el gobierno anuncia un veto a la ley que elimina el arrastre y la introducción de un tercer sistema que, según algunos, no deja el pescado de una calidad que sea apta para el consumo humano.
Por lo tanto, los ánimos no se calman y el ministro de Economía advierte que siguen analizando la situación y que nada está escrito en piedra.
Este es un conflicto importante porque afecta la fuente laboral de muchas familias. Pero es sólo una pequeña muestra de lo que puede desatar la Ley de Pesca cuando se discuta de veras si se elimina o se modifica.
Ahí veremos en acción a gremios poderosos, a una industria millonaria y el poder de las familias que tienen en sus manos la riqueza de los mares chilenos.
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Es tanto lo que ahí está en juego, que fueron capaces de financiar campañas, hacer lobby, presionar.
Ahí hablaremos de cientos de millones de dólares en juego, del ecosistema marino y de diferencias económicas e ideológicas profundas sobre, por ejemplo, si licitar las cuotas de pesca (como quería el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine en el primer gobierno del Presidente Piñera y el propio Sebastián Piñera en su primer mandato y él mismo cuando era senador) o si entregarlas a pocos y con una renovación casi automática.
Por lo tanto, aunque la Ley de la Jibia es compleja, es sólo el prólogo de una discusión mucho mucho mayor.
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