Segunda vez en semanas que miembros de las Fuerzas Armadas son acusados de estar envueltos en tráfico de droga.
Es muy positivo que hayan sido las propias instituciones las que denuncian. Pero no todo ha sido positivo. A diferencia del caso del Ejército, esta vez ha faltado transparencia: ¿los 5 funcionarios de la Fuerza Aérea son civiles o militares? ¿Oficiales o suboficiales?
¿Cuánta y qué droga? Hasta ahora, las autoridades civiles además usan el eufemismo “sustancia ilícita”.
Sumemos: la Fiscalía informó que la FACh se negó a entregarle los antecedentes, argumentando que el caso es de la Justicia Militar.
¿Por qué esa Justicia (que debe ser para delitos de militares en ejercicio de sus funciones) tendría que ver un caso de tráfico de drogas? Es evidente que meter droga en un vuelo institucional NO es parte de los deberes funcionarios.
Las autoridades civiles tienen mucho que decir, partiendo por ordenar que se entreguen antecedentes a la Fiscalía.
Hay consenso en que es necesario que las FFAA aporten en cuidar la frontera y en otros temas de seguridad, pero también en que los riesgos de penetración criminal crecerán.
El crimen organizado no avanza sin corromper. Todos los poderes del Estado son y van a ser sus blancos. Luz donde haya oscuridad implica suficiente información a la ciudadanía y a los tribunales. Y reforzar controles tanto internos como cruzados.
¿Debería estar todo funcionario público dispuesto a que se levante de manera automática el secreto bancario? Sí. Porque quien nada hace…
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