Cariño malo. “No quise renunciar por el amor la institución”, argumentó hoy Hermes Soto. Cariño malo, porque con su actitud no ha fortalecido a Carabineros.
Ahora que ha tenido que usarse el artículo 104 de la Constitución, que obliga al mandatario a dar cuenta al Senado y a la Cámara de Diputados antes de poder sacar de su cargo a las cabezas de las instituciones armadas o de orden, ahora esta norma genera incomodidad.
Pero es un resabio de la resistencia que hubo por años en el sector que hoy gobierna a eliminar la inamovilidad de los comandantes en Jefe. Y es, ese artículo 104, el resultado de una negociación en la que la autoridad civil pudo quedar aún en peor posición.
Corría el año 2005 y el ex general de carabineros Fernando Cordero que estaba en la Cámara Alta, junto a otros parlamentarios, se oponía de frentón a eliminar la inamovilidad de los jefes de las instituciones castrenses.
El entonces senador Andrés Chadwick proponía que se tuviera no sólo que informar, sino escuchar previamente al Senado.
El a esa fecha también senador Hernán Larraín creía que el presidente, antes de sacar a los líderes de los uniformados, debía recibir consejo de instituciones como el Senado o el Tribunal Constitucional.
Desde el mismo Senado Alberto Espina iba más allá y proponía como requisito previo el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, aunque sin integrantes militares. O sea, para sacar a un comandante en Jefe o a un general director, quería que el presidente de la República primero convenciera al menos a dos, entre el presidente del Senado, el de la Corte Suprema y el contralor. Espina aseguraba que “una atribución presidencial omnímoda, puede acarrear severos daños a la democracia”. Pero es justo que la atribución sea omnímoda, o sea total, la que asegura la subordinación hacia el Jefe de Estado.
Chadwick, Larrín y Espina, todos ellos hoy son ministros de un gobierno que tuvo que vivir en carne propia el desafío, aunque inútil, de un general director que se negó a renunciar porque argumentó que estaba realizando un trabajo estupendo. No queriendo entender que es su jefe, o sea el presidente, quien debe calificar de bueno, malo o regular su desempeño.
Puede discutirse si merecía o no Hermes Soto ser sacado, pero el mandatario actuó bien, con decisión y rapidez frente a su resistencia.
Aunque tener que informar al Congreso resulte un trámite, ese trámite es una mancha que enturbia una subordinación civil que debe ser prístina, sin posibilidad alguna de alegato. Al menos así se estila en las democracias maduras.
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