Con amplio respaldo legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este lunes la esperada reforma a la Ley de Adopción, que busca reducir los tiempos de espera en los procesos y eliminar barreras discriminatorias que por años afectaron a quienes deseaban formar una familia por esta vía.
La nueva normativa pone el foco en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y establece cambios sustanciales frente al antiguo marco legal, cuya rigidez y extensión de plazos impedía —en muchos casos— una inserción oportuna de los menores en un entorno familiar.
“La legislación anterior permitía que los procesos de adopción se extendieran hasta ocho años. Con esta nueva ley se busca reducir ese periodo a entre 12 y 18 meses, lo cual responde de mejor forma a las necesidades de los niños que requieren un hogar”, explicó a CNN Chile AM, Isabel Warnier, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD).
Warnier también valoró que la reforma incorpore criterios de continuidad afectiva, permitiendo que los menores puedan mantener vínculos con hermanos u otros familiares biológicos incluso después de ser adoptados, siempre que así lo determine el tribunal con base en informes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Sin embargo, uno de los avances más destacados de la nueva ley —según la experta— es la eliminación de criterios excluyentes para quienes deseen postular a la adopción.
“No puede haber discriminaciones ni para matrimonios del mismo sexo, ni tampoco para parejas que celebraron un acuerdo de unión civil o simplemente para parejas de hecho”, enfatizó Warnier.
En ese sentido, subrayó que la ley responde a los cambios sociales y familiares que vive el país: “Me parece muy positivo que se reconozca que la familia no es una estructura única. Lo relevante es garantizar que cada niño pueda crecer en un entorno seguro, afectivo y estable, sin importar la configuración del hogar que lo reciba”.
Finalmente, la abogada advirtió que, si bien el objetivo es claro, su cumplimiento efectivo dependerá de que los tribunales de familia —actualmente sobrecargados— logren adaptar su funcionamiento a la nueva institucionalidad.
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