En la última encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, probablemente la mejor encuesta de Chile, los resultados sobre la confianza en instituciones públicas son sorprendentes, y de terror. Quiero detenerme tan solo en un ejemplo: el 1% de los encuestados confía en los partidos políticos chilenos, y ese mismo escuálido 1% de los entrevistados confía en el Congreso. Si la muestra de entrevistados fue de 1.575 personas, eso significa que de 1.575 entrevistados tan solo 15 declaraban confianza en los partidos y el Congreso.
Qué duda cabe: entre el 1% y el 0% no hay mucho margen de error estadístico, lo que significa que, sin duda, la confianza en partidos y en el Congreso bien podría ser cero.
Pues bien, el contraste es brutal entre estos datos de desconfianza radical y el tipo de comportamiento libre de ataduras y restricciones por parte de diputados y senadores. Es impresionante la libertad que los parlamentarios se toman para opinar sobre todo tipo de cosas, buscando a ciegas conectar con el “votante medio” y el sentido común: al tenor de los datos, sin ningún éxito.
Esto se prueba con ocasión de la tramitación de la ley corta de Isapres: diputados y senadores, como si gozaran de absoluta libertad, se enfrascan en disputas de nicho y en performances al filo de los plazos fatales.
Esto no solo es el cruel reflejo del estado de la política de partidos y de la política parlamentaria. Es también el reflejo de una forma de hacer política que se autonomiza de la realidad, al punto de negarla.
Es tal la creencia de que los parlamentarios encarnan los intereses de los chilenos, es tal la ilusión parlamentaria de que el Congreso es el espejo de la sociedad chilena, que la conducta de los indígenas del campo (senadores y diputados) termina siendo una forma de cinismo inconsciente.
No es muy difícil saber en donde se encuentra radicada la principal amenaza a la democracia representativa.
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