El exministro de Justicia, Luis Cordero, profundizó en CNN Chile sobre el caso de Bernarda Vera y respondió también a los dichos de Sandro Gaete, excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda, respecto a la presentación de antecedentes.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, profundizó en Hoy es Noticia de CNN Chile sobre la controversia que generó un reportaje televisivo que revela que Bernarda Vera, considerada detenida desaparecida durante la dictadura militar, se encontraría en Argentina.
Cordero explicó primero el objetivo del Plan Nacional de Búsqueda, una política pública enfocada en casos de desaparición forzada y en la reconstrucción de trayectorias, que comenzó en enero de 2024.
En cuanto al caso de Bernarda Vera, señaló que “siempre se consideró que era un caso que había tenido poca investigación”.
Sobre la calificación de víctimas, el jurista indicó: “Recordar que en el caso del informe Rettig es el listado oficial de aquellas personas calificadas como tal, porque una legislación posterior, la ley de reparación, señala que tienen esa condición aquellas personas que se encuentran en el tomo 2 del informe. Y las segundas son aquellas personas que no fueron calificadas por la comisión, pero que con los años, por distintos tipos de razones, y particularmente por las investigaciones judiciales, obtuvieron esa calificación”.
Por tanto, explicó que existía un conjunto de personas que presentaron antecedentes familiares y no fueron calificadas, por lo que también era necesario reconstruir esas trayectorias. Respecto a investigaciones judiciales, precisó que algunos casos habían sido investigados, mientras que otros fueron sobreseídos.
“En el caso de Vera es un caso de calificación dado por el informe Rettig y, por lo tanto, oficializado por la ley. Pero, en segundo lugar, es un caso que había sido objeto de investigación, pero que había sido sobreseído”, aclaró.
Cordero recordó los hechos ocurridos el 10 de octubre de 1973 en Liquiñe, donde el entonces la investigación del ministro Alejandro Solís culminó con condenas y Vera aparece mencionada solo tangencialmente, confirmando la escasa investigación inicial.
Bernarda Vera.
Posteriormente, en mayo de 2024, la periodista de investigación Pascale Bonnefoy recopiló testimonios extrajudiciales que sugerían que Vera podría haber abandonado el país.
“Pero eran testimonios de terceros, o un testimonio que se encontraba en algún libro”, señaló Cordero, quien agregó que se decidió continuar la indagación solicitando información a diversas instituciones, incluyendo si Vera se encontraba en Argentina.
Consultado sobre la gravedad del hallazgo, el exministro indicó: “Era un antecedente grave para efectos de continuar con la investigación. Un caso que comienza como construcción de trayectoria requiere entonces seguir abordando eso. Se enviaron oficios a una serie de organismos, a la PDI, al Registro Civil y a la atención consular, en caso de que hubiera sido objeto de atención consular en Argentina”.
Entre agosto y septiembre se instruyó la preparación de una entrevista con la hija de Vera, que finalmente se concretó en enero de 2025, donde se le entregaron los antecedentes.
Respecto a la pensión de la hija, Cordero explicó: “Es una persona que tiene 57 años y que sigue recibiendo en su condición de hija. En el caso de los hijos reciben hasta los 25 años, salvo que haya una excepción por discapacidad. Ella tiene certificado oficialmente una discapacidad motora sobre el 60%, que explica por qué es titular de la pensión. Había otro aspecto muy relevante en su condición, para ver cómo se abordaba esta información”, agregando que el factor psicológico era importante, dado que durante años centró su vida en la búsqueda de su madre.
En cuanto a la investigación internacional, se centraron primero en Suecia para determinar si Vera tenía condición de refugiada. Las autoridades suecas informaron que existía una persona con el mismo nombre que había obtenido la nacionalidad sueca.
“Esta es una información que se recibió en mayo de 2025, y ese es el momento en que se dice: ‘ok, acá hay un dato que debe ser entregado al ministro (Álvaro Mesa)’”, aclaró Cordero, quien está a cargo de la investigación de los hechos ocurridos en Liquiñe.
Finalmente, el equipo del Plan Nacional de Búsqueda continuó recopilando información complementaria sobre fechas y situación de Vera. En junio, las autoridades suecas entregaron datos adicionales, y en agosto se completó otra entrega. En mayo, el ministro Mesa abrió un expediente separado, actualmente reservado.
Crédito: FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO
Al ser consultado sobre los dichos de Sandro Gaete, excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda, respecto a la entrega de los antecedentes de Vera, Cordero aclaró que él mantuvo comunicaciones únicamente sobre las trayectorias con Pascale Bonnefoy y Paulina Zamorano, jefa del programa.
Sobre los cuestionamientos de Gaete por no haber presentado de inmediato los antecedentes al ministro Álvaro Mesa, Cordero sostuvo: “Hay una razón técnica. Los antecedentes que se encontraban en ese momento eran testimonios extrajudiciales de terceros, otorgados de manera indirecta. Y en el caso de Vera, solo estaba sobreseído”.
Agregó que “los antecedentes, para entregárselos a un ministro, debían permitir continuar investigando la situación, y para eso uno tiene que acompañar información adicional a simples testimonios extrajudiciales. Porque hay un aspecto adicional: si se hubiesen entregado inmediatamente esos antecedentes, el ministro podría haber dicho ‘aquí no hay ningún antecedente nuevo que me permita reabrir esta investigación’”.
Cordero enfatizó que “el plan está construido sobre primero la familia y luego el resto de los antecedentes. Esto es muy relevante, y por eso el Estado siguió recopilando información. Cuando se tuvo comunicación oficial, inmediatamente se la entregó al ministro Mesa”.
Por tanto, subrayó: “Hay antecedentes y trazabilidad suficiente para demostrar cómo el Estado de Chile no solo fue proactivo, sino que fue especialmente prudente en la manera en que estaba recopilando la información”.
Respecto al nuevo anexo de confidencialidad de los contratos mencionado por Gaete en CNN Chile, Cordero detalló: “Tienen su origen, en rigor, en el inicio de la expansión de los accesos a la información del plan. Nada tienen que ver con esto”.
FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO.
Por otro lado, respecto al debate sobre el cuidado de los recursos públicos, Cordero reiteró: “Hoy nosotros tenemos antecedentes que hacen plausible una investigación que está en curso. No tenemos la certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera”.
Y agregó: “Lo que tenemos son antecedentes que se han ido recopilando, que el Estado de Chile ha obtenido y que le han sido entregados a partir del gobierno sueco, los cuales permiten seguir orientando la investigación para verificar si la persona que se encuentra allí es efectivamente Vera”
Ante la situación actual, hizo un llamado a la prudencia y al cuidado, especialmente en relación con la familia.
“No hay ningún antecedente que permita sostener, especialmente considerando la forma en que se formó la convicción de la Comisión Rettig, que los antecedentes proporcionados por sus padres para la calificación fueron entregados falsamente”, subrayó.
Asimismo, dijo que la hija de “ella tiene una causa legítima de pago de su pensión, que sólo puede ser potencialmente revertida por una decisión judicial”.
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