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Ministra Chomali admite que borrador que remueve beneficios de salud a condenados por delitos graves “podría interponerse con otros mandatos que tenemos”

Por Valentina Sánchez Cárdenas

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió al borrador de la reforma constitucional que pretende llevar adelante el Gobierno y que quitaría todas las prestaciones sociales a los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

El borrador del texto, que fue dado a conocer inicialmente por La Tercera, indica en su artículo 9 que quienes hayan sido condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico quedarían sin derecho de acceso a prestaciones sociales financiadas por el Estado una vez condenados, mientras estén en prisión y 15 años después de salir en libertad.

En ese sentido, la autoridad fue consultada por la periodista Mónica Rincón respecto a si es aplicable quitar dichas prestaciones a los reclusos mientras cumplen condena y 15 años después de cumplir sus penas.

“Para mí es difícil hacerme cargo de un borrador, pero si tú me dices que efectivamente eso es lo que dice, eso puede ser un poco incompatible, podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”, respondió en primer lugar.

Y ejemplificó con la Ley de Urgencia: “La ley nos obliga y nos manda a nosotros atender a todas las personas, independiente de su condición, etc., frente a situaciones que son de riesgo vital”.

La secretaria de Estado recalcó que el texto compartido se trata de un borrador del proyecto, pero que “se podría interponer con el tema de algunos mandatos que nosotros tenemos, como un ejemplo”.

Respecto a posibles riesgos sanitarios que podrían derivarse de quitar prestaciones garantizadas y pagadas desde el Estado a reclusos, señaló: “Se me hace difícil relacionar esto con algunas otras leyes que nos mandatan a nosotros hacer ciertas prestaciones, y ese ejemplo es súper claro, así que hay que revisar eso”.

“No conozco el borrador; me imagino que cuando esto ya avance, vamos a hacer consultas al respecto (…) Vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes en las cuales nosotros estamos mandatados”, acotó.

Cuando Rincón le preguntó por complicaciones sanitarias más allá de la Ley de Urgencias, Chomalí afirmó que en “las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, también podrían haber algunos elementos que se contraponen con algunas obligaciones que nosotros tenemos como sector”.

“Como ocurre en la salud pública, lo que puede ocurrir con un grupo o con otro grupo puede no solamente afectar a ese grupo, sino a otro grupo, y nosotros tenemos que velar por la salud pública. No conozco el borrador, vuelvo a insistir, no me puedo hacer cargo del borrador, pero si es así como ustedes lo están interpretando, podría generar esta colisión con ciertas leyes a las cuales estamos mandatados”, agregó.

La ministra de la cartera también apuntó a que “el derecho a la salud está consagrado por la institución y yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que ese derecho siga consagrado en la Constitución”.

En cuanto a si los derechos de los pacientes y las personas pueden ser suspendidos de alguna manera, como se propone, Chomali aseguró que en la Constitución está garantizado el derecho a la salud. 

Respecto a si la Carta Magna puede suspender un derecho a la salud con la reforma del Ejecutivo, la autoridad sostuvo que “se podría, pero hay que ver cuáles son las implicancias que tienen para las personas que sí tienen ese derecho. Entonces, hay que revisarlo. Vuelvo a insistir, no me quiero hacer cargo de un borrador y profundizar más porque hay que revisar ese borrador”.

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