El diputado del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió al rechazo de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo, que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo de detención asociado a la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras.
La iniciativa no alcanzó el quórum exigido para la aprobación de una reforma constitucional, que requería un mínimo de 89 votos favorables.
La propuesta obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
Consultado por las críticas hacia el PDG, principalmente por parte del diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, quien tras la votación cuestionó que algunos parlamentarios de la colectividad votaran en contra de la iniciativa, Valenzuela respondió: “Lo que hace Schalper es sacudirse la responsabilidad que le corresponde a ellos como oficialismo”.
Schalper sostuvo tras la votación: “Declara para afuera estar a favor de la seguridad de Chile y, finalmente, terminan votando algunos de sus parlamentarios en contra de este proyecto que, insisto, es urgente para resolver problemas prácticos en materia de expulsiones administrativas y también de extradiciones”.
En esa línea, Valenzuela subrayó que son las fuerzas políticas oficialistas las que tienen que estar ordenadas y alineadas con el Gobierno. “Son ellos los que tienen que tener una estrategia respecto de los días de votación y donde tengan a todos los diputados en Sala y no los tengan viajando”.
Por lo mismo, afirmó que “me parece absolutamente impresentable lo que hace Schalper respecto a lo que manifiesta”, y sostuvo que el Ejecutivo tenía conocimiento de que, en esta reforma constitucional, el PDG tenía libertad de acción.
“No corresponde que los diputados del oficialismo se sacudan las culpas que les corresponde cargar a ellos”, subrayó, y enfatizó: “En ningún caso voy a aceptar que la responsabilidad recaiga en el PDG, puesto que es absoluta responsabilidad del Ejecutivo y su mala estrategia, y quien tiene que dar las explicaciones también es RN, UDI y Republicanos”.
¿En qué consistía la reforma constitucional?
La iniciativa buscaba ampliar de 5 a 30 días corridos el límite general para la detención de personas extranjeras en el marco de la ejecución de expulsiones administrativas.
El texto también contemplaba la posibilidad de renovar la medida hasta por tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al decretado originalmente. Esto, siempre que resultara estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento de la expulsión.
Para ello, las prórrogas debían contar con autorización judicial previa, sobre la base de una solicitud fundada presentada por la autoridad administrativa y de acuerdo con las condiciones que estableciera la ley.
Además, la propuesta establecía que, cuando la detención tuviera por objeto permitir la solicitud de detención previa o el inicio de un procedimiento de extradición pasiva, el plazo podía ser de hasta 10 días, equiparándolo a lo establecido para casos de conductas terroristas.
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