El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, lanzó una dura crítica contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y calificó el nuevo estado de excepción contemplado en la propuesta como una “verdadera dictadura constitucional”.
En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario cuestionó que el proyecto pueda entregar amplias atribuciones al Presidente para restringir derechos fundamentales durante períodos prolongados.
“Se pretenda tener a la ciudadanía, a todo el país, ocho meses con los derechos suspendidos, en la libertad personal, en su casa, en las comunicaciones. Digamos, esto es una verdadera dictadura constitucional”, sostuvo.
Huenchumilla explicó que utiliza ese concepto porque, aunque la modificación se tramite mediante los mecanismos establecidos en la propia Carta Fundamental, su contenido permitiría limitar derechos que la Constitución reconoce a las personas.
“No es solo el plazo, es el contenido”
El senador también cuestionó que una eventual reducción del plazo del nuevo estado de excepción sea suficiente para despejar sus reparos.
“Aunque usted baje a 30 días, resulta que usted lo que está aceptando es que en 30 días va a poder suspender los derechos de las personas. Entonces no se trata solo de un plazo, se trata del contenido”, afirmó.
En esa línea, anticipó que será “muy difícil” que la propuesta consiga los apoyos necesarios si mantiene esas atribuciones, incluso si el Ejecutivo reduce sustancialmente su duración.
“Ese proyecto no tiene agua en la piscina”, señaló, agregando que el Gobierno debería actuar con “humildad, realismo y sentido de país” y buscar un acuerdo amplio con la oposición para enfrentar el crimen organizado.
Cuestiona ampliar el rol de las Fuerzas Armadas
Huenchumilla también puso reparos al creciente uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y sostuvo que el foco debería estar en fortalecer a las instituciones policiales.
“Estamos desnaturalizando las funciones de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen otra finalidad en la estructura del Estado. No son policías”, señaló.
El senador planteó que el camino debería pasar por reforzar a Carabineros, la PDI y Gendarmería mediante mayor dotación, tecnología, capacitación y mejores condiciones, en vez de extender de manera permanente las funciones militares en materia de orden público.
También llamó al Ejecutivo a precisar qué entiende jurídicamente por “crimen organizado”, advirtiendo que una reforma que contempla restricciones de derechos debe contar con definiciones legales claras sobre las conductas y organizaciones a las que busca aplicarse.
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