La presidenta del colectivo, Constanza Martínez, calificó los dichos de oposición como una “declaración difamatoria sin pruebas” y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar al bloque en medio de investigaciones judiciales
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, anunció este martes que su partido evalúa presentar acciones legales contra dirigentes del Partido Republicano, luego de que el diputado Cristian Araya los acusara públicamente de funcionar como un “cartel” político.
#CNNChileRadio | Estamos conversando con la presidenta del FA, Constanza Martínez.
Hablaremos sobre ProCultura, las elecciones y más temas de interés político/nacional.
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En entrevista con CNN Chile Radio, Martínez calificó los dichos como una “declaración difamatoria sin pruebas” y sostuvo que se trata de una estrategia para desacreditar al bloque en medio de investigaciones judiciales que involucran a exmilitantes y figuras cercanas al oficialismo.
“Nos acusan sin pruebas y con fines políticos. Decir que actuamos como cartel no contribuye al diálogo democrático”, afirmó.
La dirigenta también apuntó a que esta clase de declaraciones refuerzan su denuncia sobre una “utilización política de investigaciones en curso”.
Uno de los puntos que generó más molestia en el FA fue la inclusión del exministro Giorgio Jackson como “sujeto de interés” en la investigación del caso ProCultura.
Martínez aseguró que esa categoría “no existe jurídicamente” y que su uso apunta a instalar sospechas sin base legal.
“Decir que alguien es ‘sujeto de interés’ es inventar una figura para mancharlo públicamente. Giorgio no está imputado ni ha sido citado a declarar. Esto es parte de una práctica preocupante que daña el debido proceso”, señaló.
#CNNChileRadio | Presidenta del FA, Constanza Martínez, defiende dichos del partido acusando “espionaje político” en Caso ProCultura:
“Si quieren usar otra palabra, no hay problema, pero yo sí creo que hay espionaje político”.
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La presidenta del FA también cuestionó con dureza el uso de escuchas telefónicas en la investigación, particularmente la interceptación de una conversación entre el Presidente Gabriel Boric y Josefina Huneeus.
“El tribunal había señalado expresamente que no se justificaba intervenir su teléfono. Por eso, perseverar en esa escucha fue una medida intrusiva e ilegal”, declaró.
Durante la conversación, defendió la reacción del Frente Amplio frente a casos como Democracia Viva y recalcó que no existe un espíritu de encubrimiento dentro de su colectividad.
“No tenemos ningún empacho en que la justicia actúe”, sostuvo, señalando que incluso han sido parte querellante en algunos de estos procesos.
#CNNChileRadio | Presidenta del FA, Constanza Martínez, y Caso ProCultura: “Con información parcelada, se trata de vincular al presidente (…). Tampoco es un caso del partido”.
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También criticó el rol del Ministerio Público, acusando una práctica sistemática de filtraciones que —a su juicio— buscan generar impacto político.
“Estamos viendo una práctica sistemática que termina destruyendo a ciertas personas sin haber tenido un juicio justo”, advirtió.
Desde el Partido Republicano, además de las críticas al FA, se ha pedido que el Gobierno garantice protección especial al fiscal Héctor Barros, lo que Martínez consideró como un ejemplo más del uso político del caso.
Imagen referencial del fiscal Héctor Barros / Agencia UNO
Al cierre de la entrevista, Martínez cuestionó los intentos de figuras de derecha por vincular al Presidente Boric con el caso Procultura, y apuntó directamente a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei:
“No se entiende que trate de involucrar al Presidente, cuando ella es parte de un partido como la UDI, que concentra los mayores casos de corrupción del país y no ha hecho ninguna autocrítica. Incluso hay escuchas telefónicas que la involucran directamente”.
#CNNChileRadio | Presidenta del FA, Constanza Martínez: “La candidata Matthei es parte del partido con mayores casos de corrupción en el país”.
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El máximo tribunal resolvió que dejar WhatsApp Web abierto en un computador compartido equivale a permitir tácitamente el acceso de terceros. El fallo generó debate sobre privacidad digital en el entorno laboral.
