Si hay algo de lo que Chile se puede jactar en materia de política es la calidad de su sistema de votación. El Servicio Electoral chileno es un lujo de burocracia pertinente, que cada vez que tenemos que elegir a nuestros representantes, los epítetos para calificar el procedimiento parten con el cliché de ser una “fiesta de la democracia”.
Hemos tenido elecciones postdictadura de todo tipo: parlamentarias, presidenciales, gobernadores, alcaldes y concejales; plebiscitos constitucionales, y el estándar ha sido siempre que, a lo más, el resultado definitivo llega en la noche y nunca se desafía ni critica.
Otra cosa, que estamos empezando a ver, es cuando los partidos contratan empresas para realizar elecciones internas, como acaba de pasar con Evópoli. Y en este caso el resultado es bananero: se suspende la elección porque hubo desconexión de la empresa con información necesaria del Registro Civil; además de problemas para distribuir los militantes en las mesas de validación.
De las cosas que no fallaban, las votaciones, la identidad clara de cada militante, cuando pasan a ser obligación partidaria, y viene la contratación de una empresa externa, puede quedar el caos. Si, además, la elección no es presencial, como en este caso, los riesgos de error aumentan. Estamos hablando de una elección, esto es la transmisión de confianza y representatividad de los militantes a sus líderes. ¿Hay algo más democrático que eso, para que todo falle por incompetencia práctica?
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