Paulsen cuestiona rol de la Alta Dirección Pública en el caso de Amor por dejar en un “ridículo” escenario al Gobierno

Una búsqueda de la persona idónea para un cargo público, a través de la institución dedicada a ese tipo de selección de personal en Chile, denominada Alta Dirección Pública.

La persona es evaluada por esa entidad y poco tiempo después es nombrada en el cargo a llenar: directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en la comuna de Los Ríos.

Hasta ahí, tiquitaca.

Dos días después del nombramiento se la despide, aparentemente -porque todavía no está claro- por su relación de hija de un ex militar, condenado como cómplice del delito de torturas después del Golpe Militar de 1973. El motivo aducido por el Gobierno, su breve empleador: falta de confianza.

Hasta ahora, y con razón, el revuelo ha surgido sobre si los hijos deben pagar por las conductas de sus padres.

Pero poco se ha hablado sobre el organismo encargado de calificar la idoneidad de un potencial empleado público. Si este caso ilustra algo es que ese proceso merecería revisarse. Y, sobre todo, informar al país las causales por las que un potencial candidato no puede ser nombrado en la Administración Pública.

La desprolijidad de este caso puso en un mismo torbellino la potencial inhabilidad para acceder a un cargo público de la hija de un militar condenado -lo que me parecería inaceptable- y la competencia de la Alta Dirección Pública para revisar oportunamente los antecedentes de cada candidato o candidata, antes de dejar en el escenario al Gobierno que sirve, haciendo el ridículo.