Pocos días después del ultimátum que dieron los gremios de camioneros a La Moneda respecto a una paralización nacional si no se actuaba en defensa de los trabajadores, el gobierno dio a conocer este jueves el proyecto de ley “Juan Barrios” para endurecer penas a quienes ataquen camiones y buses.
Esto, a pesar de que el ministro del Interior, Víctor Pérez, había asegurado que no le parecía que “el camino sean los últimátum”. “Los problemas no son de fácil solución “, agregó el secretario de Estado.
El senador Felipe Harboe (PPD) calificó la decisión del gobierno como “inoportuna”, criticando principalmente que el Ejecutivo cediera ante la advertencia de paralizaciones.
“Es pésima señal que un grupo de dirigentes vayan al palacio de La Moneda, amenacen en el palacio con un paro y dos días después la máxima autoridad de un país aparece en una conferencia rodeado de estos dirigentes que lo amenazaron enviando un proyecto que va a ser inútil“, afirmó Harboe.
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El parlamentario le restó importancia a la efectividad que pudiera tener esta normativa, dado que el problema no descansaría en las penas que tienen estos delitos, sino la falta de capacidad para encontrar a los verdaderos responsables de cada ataque incendiario.
“En el afán del presidente de endosar la responsabilidad al Congreso mandando proyectos de ley, lo que corresponde es decirle ‘presidente, de una vez por todas hagan su trabajo, identifiquen a los autores‘. Hoy la quema de una camión tiene una condena de 5 años, ¿cuántos condenados hay?”, agregó.
Actos de violencia como la quema de camiones en La Araucanía o el Biobío se enmarcan en el conflicto que diversos lof mapuche mantienen contra el Estado de Chile, en la búsqueda de una reivindicación por terrenos ancestrales. Sin embargo, señala Harboe, es deber del Ministerio Público investigarlos y enjuiciar a sus responsables.
“En Chile no se encarcelan a las personas por lo que piensan o por lo que dicen, sino por hechos y actos. Y si el Poder Judicial, un órgano autónomo, ha considerado que una persona ha participado en un hecho delictual y lo condena como tal, eso no es un perseguido por temas políticos sino un tema delictual. (…) No hay presos políticos en Chile“, afirmó.
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