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Exministro Gajardo, pese a no ser partidario de las acusaciones constitucionales, afirma que “hay bases claras” para evaluar una contra Steinert tras dictamen de Contraloría

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El exministro de Justicia y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), Jaime Gajardo, abordó, en CNN Prime, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el oficio reservado que la exministra María Trinidad Steinert envió a la Policía de Investigaciones (PDI).

Cabe mencionar que el ente contralor concluyó que dicho requerimiento no se ajustó estrictamente a las atribuciones de la autoridad ministerial ni al deber de abstención, debido a que los funcionarios consultados pertenecían a una unidad policial que apoyaba una investigación encabezada por Steinert cuando se desempeñaba como fiscal.

“El dictamen de la Contraloría es bastante grave por tres razones. Primero, dice que la exministra actuó fuera de la órbita de sus competencias, es decir, fuera de lo que la Constitución y la ley le permiten realizar. Eso es gravísimo, porque precisamente lo que uno espera es que las autoridades públicas actúen en el marco de sus competencias y no se excedan en ellas. Lo segundo es que, como también lo dice expresamente el dictamen, puso en riesgo una investigación penal en curso. Eso también es muy grave, porque lo que uno espera de un ministro de Seguridad es todo lo contrario”, expuso.

En cuanto al deber de abstención, explicó que, en este caso, al existir una vinculación por su calidad de exfiscal, las autoridades deben resguardar que no se genere ningún riesgo de un eventual conflicto de interés. Por tanto, sostuvo que “lo que reprocha la Contraloría es que se debió haber abstenido de pedir la información que pidió“.

“Los fiscales tienen una responsabilidad muy importante: dirigen una investigación penal y llevan adelante la persecución penal por parte del Estado (…) No había razones, dentro de las competencias del cargo, para solicitar la información que se pidió y pareciera ser que había más bien un interés personal. Entonces, eso es lo complejo del dictamen y por eso yo creo que es muy grave. Uno esperaría que las autoridades actuales fueran muy claras en condenar este tipo de prácticas, porque nosotros no queremos que las autoridades públicas actúen fuera de la órbita de sus competencias”, subrayó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si considera que existen argumentos para estudiar un eventual libelo acusatorio en contra de Steinert, respondió: “Hay bases muy claras con el dictamen de la Contraloría, más allá de la oportunidad política y de si es recomendable o no. Yo no soy muy partidario de las acusaciones constitucionales, en términos generales”.

“Yo creo que las acusaciones constitucionales, en general, se tienen que usar como última ratio. De hecho, aquí se pueden utilizar otros mecanismos, como, por ejemplo, una comisión investigadora en la Cámara. Las acusaciones constitucionales, a mi juicio, sobre todo en la última década, no le han hecho bien a la institucionalidad chilena. Creo que en eso tenemos que aprender como sociedad. Creo que polarizan más el debate político y muchas veces no son lo suficientemente claras en cuanto a la infracción constitucional o legal que se persigue, y se utilizan más como una suerte de contienda política que como un mecanismo con bases o seriedad para formular un reproche de responsabilidad político-constitucional”, concluyó.

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