En el marco del aumento de casos de violencia en las últimas semanas, el presidente Sebastián Piñera firmó ayer un proyecto de ley para crear una defensoría judicial de victimas de delitos.
En torno a esto, en conversación con CNN Chile, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó los principales ejes del programa asegurando que el proyecto busca “estructurar de manera sistemática el servicio público, una atención del acceso de justicia de la gente. Que es una gran deuda que tiene el estado”.
Según Larraín, este servicio se adicionaría a los apoyos en materias civiles, legales y de familia ya existentes con la finalidad de “orientar, asesorar, prestar defensa jurídica, asistencia psicológica y social a las personas que son victimas de delitos más graves.”
El proyecto plantea unificar los programas ya existentes que entrega tanto el Ministerio del Interior como el de Justicia.
En cuanto a los casos delictuales más comunes como lo son los portonazos, el ministro comentó que estas personas pueden “recurrir a este servicio según las características del caso. Se le presentará un abogado para que presente una denuncia ante los tribunales”.
Además, a modo de autocrítica, consideró que “le damos un abogado al victimario, pero no a la víctima. Esto busca remediar esto”. Según estudios del ministerio, “más de 40% dice haber tenido conflictos que requieren de asesoría judicial y un 50% manifiesta insatisfacción de su acceso a la justicia, este valor es el que estamos tratando de enmendar“.
Larraín agregó que este programa busca ayudar a todos en cuanto al apoyo y orientación, sin embargo, está enfocado en que personas que no puedan optar a la ayuda de un abogado, el Estado lo pueda subsidiar.
“Cualquier persona va a tener información y apoyo en cualquier delito que sea víctima. Cuando se trata de la representación judicial, el apoyo está (…) para las personas vulnerables, para todos aquellos que no podrán financiar su propio abogado adicionalmente a la información”, cerró.
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