La migración se ha convertido en un tema que trasciende el mero movimiento de una persona entre territorios, pasando a ser cuestión de debate público en relación a cómo y cuánto se regula.
En el mundo, hoy las y los migrantes son 272 millones, un 3,5% de la población. La cifra ha aumentado en 51 millones en una década. Asimismo, 75 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios, derivando en 30 millones de refugiados.
María Belén Lagos, cientista política de la Universidad Católica, explicó ambos términos, asegurando que en los dos casos se reconocen los derechos humanos de toda persona. “Lo que cambia principalmente es el status jurídico que tienen. La categoría de refugiado, en el derecho internacional, es una categoría sumamente taxativa: que no puede salir de las que incluye“, afirmó.
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En materia de refugiados, el principal ordenamiento jurídico internacional es la Convención de Ginebra, el que la mayoría de los países adheridos a Naciones Unidas han ratificado.
En el caso de migrantes, la normativa es más bien pantanosa. “No existe una definición jurídicamente convenida de lo que es un migrante. La Organización Internacional de Migraciones lo plantea como la persona que ‘deja de residir en su lugar habitual y sale de una frontera internacionalmente reconocida’. Esto conlleva a que el delimitar derechos a personas migrantes sea más complejo porque está sometida a cada país“.
Esto ha llevado a que la migración sea un punto a tratar al hablar de políticas públicas. Para Lagos, “el modelo de los derechos humanos no necesariamente discrepa con el de la gobernabilidad”.
“Se ha probado en varios informes de la Organización Internacional de las Migraciones que las políticas restrictivas no permiten el que los migrantes se desarrollen en situaciones de crisis y que una política con visados más flexibles y que permita la regularización, sí va a permitir una recuperación a corto plazo del efecto de las crisis“, aseguró la cientista política.
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