Finalmente el gobierno de Sebastián Piñera anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por el proyecto de reforma que busca habilitar un nuevo retiro de un 10% de los fondos de capitalización individual.
La acción, para la cual está facultado el Ejecutivo, fue presentada incluso antes que el proyecto llegara al Senado, dando cuenta que en esta segunda oportunidad el gobierno no le dará espacio a la que han llamado una “mala política pública”.
“Vamos al TC porque se saltaron las reglas, porque se saltaron las reglas, porque el mecanismo no es el adecuado, porque tenemos un sistema presidencialista”, dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg. “El mecanismo que se está usando es saltarse las normas constitucionales”.
Luis Cordero, académico experto en derecho constitucional, explica que en este caso “en materia de proyectos de ley que estén asociados o tengan implicancia en gasto público”, como lo son aquellas vinculadas a la seguridad social, “son de iniciativa exclusiva del presidente de la República“.
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Pero existe una excepción: “Siempre se ha dicho y se ha aceptado que los proyectos de reforma constitucional no se aplican las disposiciones de iniciativa exclusiva que establece la Constitución. Entonces, por esa vía, los parlamentarios tienen libertad para presentar las iniciativas”.
Así, esta reforma no modificaría la Constitución, sino que sumaría un artículo extra que habilita el nuevo retiro. Para el Ejecutivo, esto sería clave para poder asegurar que este no es una situación transitoria, sino más bien algo que afecta las regulaciones permanentes.
En ese sentido, el documento presentado por el gobierno se enfoca en tres puntos: que por esta vía se estaría forjando una Constitución paralela; el cuórum en cuestión, sobre el que se discute si debiera ser 2/3 o 3/5 para su aprobación; y el que por una vía transitoria se afecten normas permanentes, que son de iniciativa exclusiva del presidente.
Se espera que dentro de las próximas dos semanas, el Tribunal Constitucional defina si finalmente acoge las inquietudes del Ejecutivo y declara o no inconstitucional en la forma esta reforma que habilita un nuevo retiro de fondos de las AFP.
“Aún cuando se acoja el requerimiento, las cosas no están completamente resueltas en contra del 10%“, concluyó Cordero.
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