El proyecto minero Dominga, que ha acumulado más de una década de controversias y procedimientos legales, recuperó terreno tras la anulación, por parte del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, de la resolución del Comité de Ministros que en enero de 2023 rechazó su permiso ambiental.
El tribunal consideró que dicho comité infringió principios como la imparcialidad y la confianza legítima, dejando la puerta abierta para que sea nuevamente evaluado bajo criterios independientes.
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En este contexto, el senador socialista José Miguel Insulza fue consultado en CNN Chile Radio sobre el fallo y la gestión del Comité de Ministros. El legislador apuntó sus críticas a la designación de autoridades en materias ambientales:
“Siempre pienso que lo peor es nombrar a cargo de los temas ecológicos al principal ecologista. Hay que nombrar gente que esté dispuesta a escuchar a ambos lados. Los ministros que están ahí ya tenían una convicción sobre Dominga desde que los nombraron, lo que genera problemas de institucionalidad. El tribunal fue independiente y ajustado a derecho al señalar que, si alguien ya tiene una opinión formada, no debería juzgar el caso”.
Insulza apuntó al caso Dominga como uno que ha estado marcado por sesgos desde su inicio. Aclaró que no conoce ni a los dueños del proyecto ni a quienes lo representan, pero que siempre le ha parecido que hubo un trato desfavorable.

Proyecto minero portuario Dominga / Imagen referencial de Agencia UNO
El senador también señaló la importancia de equilibrar desarrollo económico y protección medioambiental, una dicotomía que, a su juicio, ha sido mal manejada por los órganos encargados.
Según el legislador, pensar que producción y medio ambiente son incompatibles es un error de base que afecta tanto a la institucionalidad como a las decisiones políticas.
“No creo que producción y medio ambiente sean incompatibles. Sin embargo, hemos visto que, en el caso de Dominga, hay una cierta predisposición en contra desde el principio, lo que mina la confianza en las instituciones. Esto no se resuelve solo con normas, sino con cambios en quiénes están a cargo de aplicarlas“, señaló Insulza.
La reciente decisión del tribunal también vuelve a poner en la palestra el debate sobre el rol del gobierno en proyectos controvertidos.
En particular, se cuestiona si las manifestaciones públicas de rechazo al proyecto, como las realizadas por el presidente Gabriel Boric y otros altos funcionarios, afectan la legitimidad de los procesos. El tribunal fue enfático en señalar que tales pronunciamientos previos comprometen la imparcialidad y la probidad administrativa.
Ahora, el Comité de Ministros tendrá 15 días para una nueva revisión, con integrantes que no presenten conflictos de imparcialidad.
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