Jan Jarab (ONU) critica que derecho de reunión pacífica “sigue siendo regulado por un decreto supremo de la dictadura”

Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur sostuvo que, a más de dos años del estallido social, el Estado chileno no ha sido capaz de abordar adecuadamente las violaciones a los DD.HH. cometidas desde el 18-O.

En conversación con CNN Chile, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, manifestó que el nuevo informe hace seguimiento a un reporte mayor publicado en diciembre del 2019. “El publicado en 2019 (…) tuvo una parte importante con recomendaciones”.

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“En este informe, dos años después, estamos evaluando cómo van esas recomendaciones”, añadió. Entre las falencias detectadas en el informe destaca el derecho de reunión pacífica, el cual “sigue siendo regulado por un decreto supremo de la época de la dictadura que es demasiado restrictivo”.

“Aún no se ha presentado el proyecto de ley que reemplazará a este decreto, y eso tiene sus consecuencias, una de ellas es que Carabineros interviene para dispersar las manifestaciones que se categorizan como no autorizadas y eso aumenta la probabilidad de conflictos”, agregó el especialista.

Otra dimensión importante es el uso de la fuerza, donde sí se han registrado algunos avances. “Sin embargo, sigue el uso de carros lanza agua de manera indebida y una represión a quienes se manifiestan pacíficamente o a personas observadoras, brigadistas de salud y periodistas independientes”, dijo Jarab.

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Además de reemplazar el decreto supremo sobre la libertad de reunión pacífica, el experto también considera que “se necesita una reforma más profunda de Carabineros de Chile”. “Tiene que ver con el cambio de la cultura de la institución y de su rendición de cuentas hacia las autoridades civiles”.

“Se necesita de voluntad política para cuestionar la historia respecto a cómo se construyó este cuerpo de carabineros, qué rol tiene y cómo percibe la tarea de orden público. El orden público no es una situación donde no hay protestas y tampoco se puede interpretar como una forma de garantizar que tan sólo haya protestas que convienen al gobierno, como el paro y bloqueos de camioneros”.