Defensoría de la Niñez entregó un informe sobre la crisis educacional que está viviendo la Región de Atacama, donde señala que hay “vulneración permanente” en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“La situación que viven los niños, niñas y adolescentes, estudiantes de los establecimientos que dependen del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, representan vulneraciones permanentes de sus derechos”, dice el texto Misión de observación del organismo.
“Violencia institucional”
En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, comentó que “si uno mira desde el punto de vista de los derechos sociales propiamente, evidentemente la inobservancia del derecho a la educación tiene repercusiones graves para el desarrollo normal de los niños, niñas y adolescentes. Y, por otra parte, si uno analiza desde el punto de vista de otros derechos, acá estamos frente a una situación violenta”.
Es decir, el hecho de que menores de edad no puedan asistir a clases implica un tipo de “violencia institucional” por falta de servicio, comentó el defensor, “porque estamos hablando de educación pública, la cual el Estado está obligado a proveer”.
No obstante, Quesille fue enfático en afirmar que, como organismo, reconocen el interés y compromiso que ha tenido el Gobierno de poder solucionar el tema, “pero creemos que es importante intensificar esos esfuerzos para garantizar en el menor tiempo posible que los niños, niñas y adolescentes puedan entrar al colegio, desarrollar sus actividades laborales y establecer vínculo”.
Finalmente, el defensor de la Niñez recordó que el compromiso de la institución es ser imparciales en términos políticos, así como también enfocarse en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Una nueva paralización sería lamentable, no en términos de las repercusiones políticas que tiene para el Estado, sino que sería lamentable para la garantía de un derecho de los niños y niñas”, indicó, por lo que, “como Defensoría, hacemos un llamado a encontrar un punto de acuerdo, poder reiniciar el año escolar en aquellos establecimientos que sí se puede iniciar el servicio educativo y a buscar soluciones urgentes en el menor plazo posible para aquellas situaciones que son más críticas”, añadió.
“Acá lo que está en juego es un derecho de los niños y no una disputa política entre adultos”, sentenció.
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