Una controversia se ha generado a raíz del reportaje publicado, este fin de semana, en el diario El Mercurio sobre la incidencia que estaría teniendo la prescripción de cannabis medicinal para el tratamiento de determinadas enfermedades.
El reportaje plantea algunos efectos colaterales que tendría esta prescripción y, durante esta jornada, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a esta situación. Incluso, el instituto de Salud Pública (ISP) presentará acciones legales.
Al respecto, Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya, conversó con CNN Chile y se refirió a esta situación, oportunidad en la que aclaró que la organización es “sin fines de lucro y durante seis años se ha dedicado a la investigación del uso de cannabis y sus derivados, y en la atención clínica de pacientes, ha atendido más de 35 mil pacientes”.
“El reportaje de El Mercurio es bastante sesgado, lo que hace es querer mostrar casos que son dentro de la proporción, son casos insignificantes en términos estadísticos, casos anónimos de los que no podemos hacernos cargos”, respondió.
En la misma línea, indicó que “citan cuatro supuestos casos que hubieran tenido un efecto secundario, tres de esos casos anónimos. ¿Cómo podemos hacernos cargo de casos anónimos, cuando la verdad es que cualquier paciente atendido en Fundación Daya lo primero que hace es firmar un consentimiento informado, en el cual se compromete a comunicarse inmediatamente con su médico tratante frente a cualquier efecto adverso, aunque sea muy leve?”.
Es por esto que puntualiza que en los casos mencionados en el reportaje del medio el compromiso se incumple “por lo tanto no podemos hacernos cargo de ello“. Eso sí, especifica que “hay un cuarto caso en que se dice el nombre”.
Respuesta a Mañalich
En tanto que en respuesta al titular de Salud, quien aseguró que la ley 20.000 “permite que haya autocultivo de marihuana para fines recreacionales”, marcando la diferencia respecto al uso medicinal de “un producto que no está certificado como tal”, Gazmuri comentó que “invitamos al ministro Mañalich a informarse un poco más. Lamentamos sus declaraciones”.
“Este trabajo de Fundación Daya se ha hecho siempre en vinculación con el Minsal, IDP, trabajo continuo con el Estado chileno, pero al parecer algo ocurre en los cambios de administración que se desconoce todo el trabajo realizado“, detalla Gazmuri.
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Junto a lo anterior, la cabeza de la fundación puntualiza que “nosotros estamos planteando mayor regulación” y añadió que “siempre hemos planteado mesas técnicas para seguir trabajando. Nuestro foco son los pacientes“.
Incluso, recuerda que con las ex ministras de la cartera Helia Molina y Carmen Castillo se realizó un “trabajo conjunto con el Minsal, fue patrocinador de su seminario internacional de cannabis medicinal“.
Es por este motivo que apunta “que hoy aparezca el actual ministro de manera totalmente desinformada diciendo que en Chile prescribir cannabis es ilícito, yo invito al ministro a que conozca la ley, a que se acerque a los magistrados de la Corte Suprema, que revise lo que ha sido la posición judicial en ese sentido”.
Criminalización
Además, aclaró que “la Corte Suprema ha afirmado una y otra vez que el autocultivo y el uso medicinal del cannabis son lícitos en Chile y una de las herramientas para refrendar y mostrar en un proceso judicial que aquello es así es la prescripción médica”.
Junto a esto, recordó que la prescripción médica está permitida en dos ámbitos en Chile: uno es la ley 20.000 ley de drogas, en cuyo artículo 6 dice que se sanciona al médico que prescriba sin la debida necesidad.
En tanto que la segunda situación es cuando se hace una entrega ilegal de derivados de cannabis como medicamento sin tener el correspondiente registro del ISP.
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Ante esto, aclara que “estamos totalmente de acuerdo y esa es una postura de Fundación Daya. No se pueden expender, no se puede vender ningún producto en base a cannabis que no haya pasado por la certificación del ISP”.
“A pesar de que es legal el autocultivo, el Ministerio Público insiste con criminalizar a los pacientes aunque tengan sus recetas medicas y aunque el proceso judicial finalmente los va terminar absolviendo“, reflexionó Gazmuri, para quien “entonces, al medio tenemos un Estado negligente que cierra las puertas y entonces impulsa a los usuarios a proveerse de fuentes poco seguras, del mercado negro”.
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