“Hoy les hablo a las niñas y niños de Chile. A los de Michilla y a los de Puerto Williams, a los de Lonquimay y a los de San Pedro de la Paz, que esta semana en la Boca Sur, fueron golpeados por una violencia inaceptable que no quedará impune”.
Así se refirió el Presidente Boric, durante su Cuenta Pública de ayer, a la balacera en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, en el Biobío.
Fue la única mención a un hecho inédito, que dejó tres adolescentes heridos y a muchas personas con miedo.
El Presidente prometió que esto no quedará impune. Y al menos ya hay un detenido. Pero la pregunta es cómo se previene que algo así vuelva a ocurrir.
El gobernador regional, el alcalde y miembros de la propia comunidad escolar son partidarios de, entre otras medidas, instalar pórticos detectores de metales en los colegios, para evitar el ingreso de armas blancas o de fuego.
Pero el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, no está tan de acuerdo. Su primera reacción fue decir que reducir la discusión a la instalación de pórticos “es banalizar el debate”.
Dijo también que “no podemos resolver los problemas de vulneración de derechos vulnerando otros derechos”.
Se refería probablemente a la Convención sobre los derechos del niño, que plantea que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
De hecho, ese ha sido el argumento que ha usado la Superintendencia de Educación para multar a los colegios que han implementado detectores de metales.
Pero la discusión llegó a la Corte Suprema, a través de un recurso que interpuso un colegio de Valparaíso. Y el máximo tribunal dejó sin efecto las multas y validó la instalación de detectores de metales en colegios.
Su argumento fue el opuesto al del ministro de Educación. Dijo la Suprema que sí es posible limitar ciertos derechos fundamentales en pro del bien común, especialmente cuando se trata de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar.
Pero la controversia sigue abierta y la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los chilenos.
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