La romería al Cementerio General organizada ayer por el Partido Comunista y el Frente Amplio dejó 50 detenidos. Entre ellos, un joven de 17 años, que da luces sobre la violencia callejera en Santiago.
En 2024 cursaba primero medio en el INBA y fue uno de los 35 estudiantes que se quemaron cuando estalló una bomba molotov en un baño del liceo. En 2025 pasó por un politécnico de Estación Central, donde reprobó. En marzo de 2026 volvió al INBA con matrícula condicional y duró dos meses: lo sancionaron por agredir verbalmente a un funcionario. Desde entonces está en el Barros Borgoño, donde no ha completado un mes de asistencia y ya participó en dos cortes de tránsito. Tres establecimientos en tres años, sin avanzar un curso, pero rotando, como en el juego de las sillas musicales, en el mismo circuito de colegios emblemáticos.
Esta sillita musical es la que permite que un grupo pequeño de violentistas se mantenga operando.
Porque el fenómeno está perfectamente localizado: seis de los 43 establecimientos públicos de Santiago concentran la violencia, y solo dos explican el 62% de los desalojos. El método se repite idéntico en liceos distintos: el mismo baño, el overol blanco, la bencina, los estudiantes en uniforme escolar haciendo de escudo humano. Hay adultos externos identificados y querellados con nombre desde 2023.
De los 50 detenidos ayer, el 60% tenía órdenes de detención vigentes.
La causa de los 35 quemados del INBA cumple dos años sin responsables. La querella contra cuatro adultos terminó archivada. Y una de las víctimas de aquel baño volvió a aparecer, dos años después, entre los detenidos.
Aquí hay un patrón. La violencia no es espontánea, es un método. Y opera prácticamente en la impunidad.
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