Aquí mismo, en Tolerancia Cero, en un minuto de confianza como este, pero en noviembre de 2024, felicité a Dorothy Pérez por convertirse en la primera mujer contralora general de la República en toda la historia de la República.
También dije esa vez que su ratificación en el Senado había demorado mucho, porque era de sentido común que debía ser ella quien encabezara la institución, dada su trayectoria y su comprobada capacidad.
Y señalé que una Contraloría General funcionando a plena capacidad podía ser el comienzo de una etapa de saneamiento, de limpieza y desinfección de la actividad pública.
Creo que Dorothy Pérez ha demostrado que su nominación fue una gran idea.
Pero nadie es perfecto. Y, en mi opinión, la semana pasada la Contraloría cometió su primer error. Me refiero al dictamen en que ordenó un sumario en el Gobierno a raíz de una comunicación en que se hablaba de “un Estado en quiebra”.
A estas alturas, nadie niega que esa expresión era imprecisa, ambigua o malinterpretable, y que estuvo mal. Por algo fue el mismo Gobierno el que la retiró de las redes y reconoció que no debió emitirse.
Pero este tipo de controversias forman parte del natural debate político que existe en los países, donde los gobiernos y las oposiciones se comunican con la ciudadanía utilizando formas, lenguajes, conceptos y hasta haciendo afirmaciones que pueden ser discutibles.
Pero están enmarcadas dentro de la libertad de expresión y no pueden ser sometidas al control de ningún órgano del Estado, ni siquiera de la Contraloría de la tan admirada Dorothy Pérez.
Son los ciudadanos, en el debate público, en las encuestas o en las urnas, los que deben juzgar estas acciones.
Porque la libertad de expresión es sagrada. Y cada vez que se intenta regularla o fiscalizarla, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
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