La oposición confirmó que presentará una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego de que se revelara el acuerdo de compraventa de la minera Dominga que su familia cerró con la familia del empresario Carlos Délano en las Islas Vírgenes Británicas, en el marco de los Pandora Papers.
La medida busca esclarecer si es que efectivamente existió un conflicto de interés en la transacción realizada en el paraíso fiscal y deberá ser aprobada tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado.
Esto, considerando que el reportaje de del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señaló que en una de sus cláusulas, el acuerdo exigía la ausencia de mayores regulaciones ambientales en la zona de instalación del proyecto minero, lo que dependía directamente del gobierno de Piñera.
El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, conversó con CNN Chile en torno a esta controversial situación y detalló los alcances de la iniciativa acusatoria contra el mandatario, en la cual él figura como uno de sus patrocinadores.
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“El conjunto de la oposición, estaban todos los partidos de oposición, hemos decidido que hay méritos y fundamentos para presentar la acusación constitucional a Sebastián Piñera, por infringir el artículo 8 de la Constitución, que se alude obviamente al principio de probidad y también por comprometer el honor de la nación”, aseguró el parlamentario Núñez.
El diputado calificó esta situación como un precedente en torno a que “no pueden haber conflictos de interés tan brutales y que queden en la impunidad“, haciendo alusión a la reiterativa problemática que ha significado el proyecto minero para el jefe de Estado, desde el 2010.
“Sus hijos fueron parte de los beneficiados con minera Dominga (….) y el propio Carlos Délano es un amigo personal íntimo del presidente de la República (…) lo que Sebastián Piñera debió haber hecho era, el año 2010, en su primer gobierno, inhabilitarse y decir que no iba a ser parte de ninguna decisión por ese claro conflicto de interés y lo mismo corresponde para este gobierno”, aseguró parlamentario comunista.
En esa línea, Núñez señaló que con sus acciones, el mandatario ha favorecido la concreción del proyecto minero, “usando su cargo para ello” y en desmedro de su responsabilidad constitucional en torno a defender el medio ambiente.
Esto, aludiendo al hecho de que el presidente no ha firmado el decreto que crea el Área Costera Marina Protegida en el Archipiélago de Humboldt, pese a que fue una determinación del Consejo de Ministros, establecida durante la administración de Michelle Bachelet y que fue publicada en el Diario Oficial en 2020.
“Lo que corresponde es que Sebastián Piñera establezca los límites y firme el decreto. En 3 años y 8 meses de gobierno no lo ha hecho y uno se tiene entonces legítimamente que preguntar ¿por qué no lo ha hecho? Obvio, porque un Área Costera Protegida en el mismo sector en que está emplazado el proyecto minero Dominga, le pone más obstáculos al proyecto minero”, sentenció el parlamentario de oposición.
Asimismo, Núñez afirmó estar de acuerdo con las demandas de agrupaciones ambientalistas de la región de Coquimbo, sobre invalidar todo el proceso de evaluación ambiental que se ha desarrollado en torno a la instalación del proyecto minero.
“Diversas irregularidades que han sido denunciadas tanto por trabajadores de la Conaf, por los trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental, que señalaron que recibieron fuertes presiones del Gobierno para emitir informes favorables a minera Dominga. En ese contexto, yo soy partidario de que esto derechamente se anule. Ese deberías ser el paso que viene”, aseguró el legislador.
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En ese sentido, Núñez apeló a darle “el beneficio de la duda” al mandatario, respecto a si sabía o no que su familia había cerrado el acuerdo financiero con la familia de su mejor amigo. Sin embargo, cuestionó el hecho de que una vez traspasada la propiedad a sus hijos, no se inhabilitara en la decisión de validar el proyecto.
“Independiente de si se le vendió o no a Délano, si él sabía de esos movimientos, debió haberse inhabilitado porque ya eso genera un vínculo. Si sus hijos están haciendo un negocio (…) en una minera que requiere permisos ambientales muy complejos y esos permisos ambientales los da su gobierno, es evidente que hay un conflicto de interés“, aseguró el parlamentario comunista.
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