Nadie puede quedar indiferente ante las imágenes de violencia contra carabineros. Tampoco ante las brutales agresiones contra profesores, a quienes se ha llegado a rociar con parafina. Son hechos inaceptables que están dañando gravemente la educación pública, y el gobierno tiene razón al proponer un procedimiento más expedito para sancionar los casos de violencia extrema en los colegios.
Es razonable dar señales duras contra estas agresiones, y además proteger a profesores y alumnos mientras se define la culpablidad de los eventuales agresores.
Pero a la violencia se le enfrenta con la fuerza de la ley y del debido proceso, de modo que todos tengamos claro que los sancionados son realmente los culpables, y no haya espacio para decisiones arbitrarias que sólo deslegitiman el sistema y dan argumentos a los violentos.
Aquí no hay que optar entre severidad o justicia. Ese es un falso dilema. Podemos tener ambas. Como han advertido expertos en derecho, hay una solución efectiva: suspender a los acusados mientras dura el proceso, para proteger a la comunidad educativa. Y expulsarlos cuando se demuestre su culpabilidad. Así de simple. Es una alternativa razonable que da las señales correctas a nuestros estudiantes: respeto a la ley y al mismo tiempo rechazo tajante a la violencia.
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