Anoche en 360° hablábamos de la preocupante polarización de la política chilena. Hoy, mostramos el reverso de esa medalla: 4 centros de estudio, de diversas tendencias ideológicas, han consensuado un plan para la reforma del Estado.
Por cierto, en este tema las diferencias existen y son legítimas: la izquierda cree en un Estado grande, que participe en la economía y brinde amplios servicios sociales. La derecha prefiere un Estado pequeño, que deje más espacios al emprendimiento privado.
Pero sí debería haber consenso en al menos dos principios.
El primero es que, sea del tamaño que sea, el Estado debe ser eficiente, evitando su captura por burocracias (o burro-cracias) que obedecen a sus propios intereses, y no a los de los ciudadanos.
El segundo es reducir los espacios de discrecionalidad de cada gobierno para pagar favores, instalar a operadores políticos, y dar pegas a apitutados varios.
Un caso contingente que ilustra la importancia de este punto es el de la agregada comercial en Nueva York, Fernanda Bachelet, hija de un amigo y socio del presidente, nombrada sin concurso público hasta 2023 con un sueldo de más de 10 millones de pesos, pese a tener apenas un año y medio de experiencia laboral.
Para tener un Estado eficiente y legitimado, la meritocracia tiene que ganarle a la pitutocracia. Por eso, las propuestas transversales de esos centros de estudio son un auspicioso punto de partida y una noticia para aplaudir.
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