El gobierno enfrentó su primera movilización social de una magnitud más o menos importante con el paro de camioneros. Lo resolvió rápido, lo resolvió probablemente bien; lo podemos discutir después. No hay que hacer aquí ninguna carga de ningún tipo. Es muy difícil negociar con camioneros bloqueando las calles o, al menos, dificultando el tránsito. Ningún gobierno lo podría hacer fácil y un paro de este tipo pone a prueba el talento de cualquier gobierno.
Sin embargo, cabe hacer dos preguntas respecto de cómo el gobierno manejó esto.
La primera tiene que ver con la decisión tomada en marzo, que fue traspasar todo el precio de los combustibles a los consumidores. Fue una decisión tomada por el ministro Quiroz y por el presidente Kast. El rol y el papel que tuvo en esta crisis el ministro Claudio Alvarado, el ministro del Interior, permite hacer la pregunta de si acaso la decisión de marzo fue la correcta. Y probablemente el gobierno tiene que hacer una autocrítica ahí: en marzo parece haber faltado la política que hoy día sí existió.
Y la segunda pregunta que surge con esta crisis es si es que acaso el gobierno, que prometió restaurar el orden y no aceptar que ninguna medida de fuerza tuviera frutos, logró integrar la negociación en una narrativa coherente.
Era indispensable negociar con los camioneros; nadie tiene ninguna duda de eso. Ningún gobierno habría hecho algo muy distinto, pero quizás eso no era incompatible con dar una señal un poco más explícita de firmeza para, por lo menos, conservar cierta narrativa.
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