El exministro de Seguridad Pública y académico de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, descartó que la Contraloría haya excedido sus atribuciones en el dictamen relativo a la exministra Trinidad Steinert.
En entrevista con CNN Chile Radio, Cordero abordó las críticas surgidas desde sectores del oficialismo contra el organismo contralor, luego de que Steinert presentara una solicitud de reconsideración ante la entidad.
A juicio del exsecretario de Estado, pueden existir discrepancias jurídicas respecto de una interpretación administrativa, pero eso no equivale a sostener que la Contraloría actuó fuera de sus competencias.
“Que excedió sus atribuciones a mí me parece que es una afirmación incorrecta, que no se compadece ni con la jurisprudencia citada, ni se compadece con el funcionamiento histórico de la Contraloría sobre estos puntos”, afirmó.
“No hace sino citar su jurisprudencia clásica”
Cordero sostuvo que el dictamen del organismo no representa un giro innovador, sino que se apoya en criterios previos sobre principio de imparcialidad y conflictos de interés.
“Cuando uno analiza el dictamen en torno a este punto, la Contraloría no hace sino citar su jurisprudencia clásica en materia de principio de imparcialidad y conflictos de interés”, explicó.
El exministro señaló que, en el sistema institucional chileno, los precedentes administrativos de la Contraloría tienen efectos obligatorios para la administración pública.
“Cuando usted le pide un dictamen a la Contraloría y la Contraloría decide en un sentido determinado, ese va a ser el criterio hacia adelante hasta que lo cambie”, indicó.
En esa línea, sostuvo que la discusión debe distinguir entre diferencias interpretativas legítimas y cuestionamientos al rol institucional del organismo.
Conflictos de interés y principio de abstención
Respecto de los argumentos que apuntan a las facultades del Ministerio de Seguridad Pública para solicitar antecedentes a las policías, Cordero sostuvo que ese punto no está necesariamente en disputa.
“Esa no es una norma que está en discrepancia, el dictamen lo dice”, planteó.
El problema, agregó, surge cuando existen requerimientos específicos asociados a personas individualizadas, caso en que la Contraloría planteó la necesidad de observar un principio de abstención.
“En el sistema institucional chileno, el conflicto de interés no es lo mismo que el conflicto de interés en el sector privado, operan de un modo diametralmente distinto”, explicó.
Según Cordero, en el ámbito público el conflicto de interés puede ser actual o potencial, y abarca cualquier situación que pueda afectar la imparcialidad de una autoridad.
El académico también abordó los cuestionamientos formulados por autoridades y dirigentes oficialistas contra la contralora Dorothy Pérez.
A su juicio, las diferencias jurídicas son parte del debate democrático, pero advirtió sobre el riesgo de descalificar a los organismos de control cuando sus decisiones resultan incómodas.
“Lo que creo que sí es peligroso es descalificar a las instituciones por tomar decisiones en las cuales uno está en desacuerdo”, sostuvo.
Cordero añadió que esta tensión no es nueva y recordó que situaciones similares ocurrieron con anteriores contralores.
“La situación que está pasando hoy día con la crítica a la contralora Pérez es lo que pasó con el excontralor Bermúdez, es lo que pasó con el excontralor Mendoza”, señaló.
Sobre las críticas provenientes desde el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, Cordero sostuvo que aquello se enmarca en las reglas del juego político. Sin embargo, hizo una distinción cuando los cuestionamientos provienen de autoridades que representan instituciones del Estado.
“Que la haga el presidente de la Cámara de Diputados es un poquito más complicado, creo yo, porque con indiferencia de quién es el presidente ahora, el diputado o el senador que es presidente de la corporación es a su vez representante de la corporación”, afirmó.
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